29/02/2024

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Dos jueces y tres camaristas de Caazapá fueron enjuiciados por irregularidades en un juicio sobre indemnización 

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados admitió la acusación contra los jueces de Primera Instancia Miguel Ángel Riquelme, y Evelyn Martínez Talavera, y contra los miembros de la Cámara de Apelación Civil, Comercial, Laboral y Penal de Caazapá. 

La acusación está relacionada a las actuaciones de los magistrados en el marco de la causa  “Antoliano Sánchez C/ Plinio Hernán Pereira Arias, Estelbina Romero de Pereira y Eduardo Elizeche Codas s/ Rescisión de Contrato, Nulidad de Actos Jurídicos e Indemnización de Daños y Perjuicios -Expediente Nro. 26 Año 2021”. 

Según el recurrente, Miguel Ángel Riquelme, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de la ciudad de Yuty, dio trámite a la demanda pese a que la parte actora no habría cumplido con la exigencia del pago previo de las tasas judiciales también intervino en la causa a pesar de ser incompetenente en razón al territorio. 

La tercera causal es por haber decretado graves medidas cautelares sin fundar las decisiones respecto al cumplimiento de los presupuestos genéricos necesarios para dicha concesión conforme a lo que establece el Art. 693 del CPC.

A Evelin Rosana Martínez Talavera, jueza de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia de la ciudad de Yuty, se le atribuye que luego de casi un mes de declararse incompetente y haber obviado notificar a las partes, dictó providencias como un auto interlocutorio de 14 de febrero de 2023 por la cual hace una serie de consideraciones sobre las medidas cautelares solicitadas por el actor y las concede, y un auto interlocutorio de marzo de 2023 el cual no hace lugar a la excepción de defeco legal alegando que no se trata de una condición que debe consignar la demanda en el sentido de que la boleta de tasas judiciales es una exigencia de carácter administrativo y no se compadece con la naturaleza de la excepción incoada. 

Finalmente Edgar Adrián Urbieta Vera, Margarita Miranda Britez y Guido Ramon Melgarejo, miembros del Tribunal de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y Penal de Caazapá, son acusados por haber dictado el AI 268 por el cual en mayoría resuelven primeramente desestimar el recurso de nulidad interpuesto, declarar la competencia de la jueza Talavera para entender en la causa, así como las actuaciones realizadas por la magistrada con posterioridad. 

Específicamente, se los acusa de haber favorecido a la parte actora al anular supuestas desprolijidades y continuar con lo más trascendente, que la causa continúe en el lugar elegido por el actor y haber resuelto solo con dos votos y no con la emisión de todos los votos, la cuestión de la competencia territorial.

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