La Presidencia de la República vetó de manera total el proyecto de ley de ampliación presupuestaria para la Fiscalía General del Estado. Con esto se queda sin efecto la creación de nuevos cargos, cuyo gasto para el Estado supera los G 64.000 millones.
El decreto 7994 confirmado en las últimas horas objeta el proyecto de ley 6992/2022 sancionado por el Congreso Nacional en septiembre pasado con fuente de financiamiento por medio del Tesoro Nacional.
El proyecto de ley contemplaba la creación de 577 nuevos cargos dentro del Ministerio Público, solo en este ítem más aguinaldos el impacto fiscal asciende a G 15.996.080.650, en tanto que el aporte jubilatorio y gratificaciones especiales es de G 2.157.964.839.
“Con todo, resulta evidente que, para cubrir estos objetos de gastos para todo el ejercicio fiscal siguiente, la suma será mucho mayor y en ese sentido la presión tributaria quizá tendría que ir en aumento para lograr el financiamiento dado que se tratan de gastos rígidos”, refiere parte del documento oficial.
El decreto alerta igualmente que el proyecto de ley no fue estudiado por el Ministerio de Hacienda, “por lo que carece de los análisis que avalen la posibilidad de contar con recursos adicionales que permitan al Tesoro Nacional asignar los recursos”.
Menciona además que Hacienda no presenta un margen favorable con relación a la programación presupuestaria prevista para el presente ejercicio, según los cálculos de recaudación percibida en los primeros seis meses de 2022.
“Teniendo en cuenta la situación que atraviesa el Tesoro Nacional cualquier incremento de gasto ampliará el desfinanciamiento y la brecha del déficit fiscal, salvo que sea en detrimento de otros compromisos asumidos por el Ministerio Público a través de mecanismos de reprogramación y no así una ampliación como se pretende”.
El decreto insiste en que todo aumento desmedido en el ejercicio fiscal encierra una posible afectación a la ley de responsabilidad fiscal que busca el equilibrio entre ingresos y gastos.
Tras el veto, el documento será refrendado en el Ministerio de Hacienda para posteriormente ser devuelto al Congreso Nacional.
