El diputado colorado Esteban Samaniego habría utilizado a miembros de su familia y hasta a su guardaespaldas para desviar fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, durante su administración entre 2011 y 2017, mediante la efectivización de cheques.
La acusación señala que entre 2011 al 2017, Esteban Samaniego Álvarez, en su carácter de jefe comunal de Quyquyhó, realizó actos administrativos como el libramiento de cheques que implicaron una disposición patrimonial; es decir, suscribió cheques que significaron una erogación directa de los recursos municipales a su entera disposición, los cuales fueron destinados directamente para su beneficio propio y familiar, quienes colaboraron a través de la efectivización de los mismos, que le redituaron en provechos económicos indebidos por valor de G 338.595.000, a través de los pagos de sumas de dinero dispuesto directamente desde las cuentas habilitadas en el Banco Nacional de Fomento destinadas a Royalties, Fonacide, Juegos de Azar, recursos propios, a sus familiares y a su guardaespaldas.
En otras palabras, se aprovechó de su calidad de administrador de la comuna para desviar el dinero de las cuentas municipales a favor suyo, de su cónyuge Patricia Adriana Corvalan, de su madre Blanca Gloria Alvarez Vda. de Samaniego, de su cuñado Damian de Jesus Galarza, y de su guardaespaldas y custodio personal Cristhian Daniel Domínguez, quienes contribuyeron en la obtención de beneficios indebidos, con la efectivización de estos cheques provenientes de la cuentas de la Municipalidad.
Al igual que con la edificación de su vivienda entre los años 2017 y 2018 en el inmueble cuya titularidad le corresponde a su progenitora, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción, que significó una inversión económica de G 1.108.599.918 de fuentes no lícitas, éste nuevamente utilizó a sus familiares, consanguíneos y políticos, entre ellos su madre, cónyuge y cuñado así como su guardaespalda para la obtención de beneficios económicos para su provecho particular por valor de G 338.595.000, que si bien estas personas no reúnen la cualidad especial requerida en el autor también se corroboró sus respectivas participaciones.
En resumidas cuentas; entre los años 2011 al 2016 Patricia Adriana Corvalan, Blanca Gloria Alvarez Vda. de Samaniego, Damian de Jesus Galarza, y Cristhian Daniel Dominguez, siendo parientes y el último citado, su custodio personal, cobraron y efectivizaron en favor del Intendente Municipal Esteban Samaniego Álvarez cheques de la Municipalidad de Quyquyhó, por la suma de G 271.000.000 sin considerar que el mismo se auto asignó la suma de G 67.595.000, lo que sumado totalizó un perjuicio patrimonial a la comuna de G 338.595.000, los cuales fueron a parar directamente en favor del patrimonio del Intendente y los suyos.
De esta forma, sus familiares y su guardia, colaboraron con el mismo en la obtención de beneficios económicos indebidos en provecho de su patrimonio personal y familiar con dinero que le pertenecía a la comunidad.
Los acusados tuvieron acceso a dichos beneficios directos autorizados por el entonces Intendente Municipal, y por ende, estuvieron en total conocimiento de que estos recursos provendrían de los fondos del municipio y que dicha conducta consistente en efectivizar estas sumas de dinero estaban prohibidas, ya que los mismos por ser allegados y familiares directos del mismo administrador general de la comuna, estaban imposibilitados de contratar con la comuna y mucho menos obtener recursos de la misma.
En conclusión, se tiene por corroborado que el exintendente y hoy Diputado Nacional Esteban Samaniego Alvarez obtuvo beneficios directos indebidos comprobados con la ayuda de los acusados por al menos G 1.447.194.918 pudiendo ser un monto mayor, lo que representa la sumatoria de los cheques municipales cuyos pagos fueron efectivizados por el mismo, sus familiares y cercanos por un valor total de G 338.595.000, como de las mejoras introducidas en el inmueble ubicado en el Bº San Vicente de Asunción de su propiedad de su madre Blanca Álvarez Vda. de Samaniego, construcción pagada con el desvío de los fondos municipales encomendada por el matrimonio cuyo valor ascendió a la suma de G 1.108.599.918, conforme a las atribuciones fácticas señaladas precedentemente, donde también se vieron involucrados el coacusado Andrés Arrúa, amigo íntimo del mismo.
Estas personas están acusadas por los siguientes hechos:
Patricia Adriana Corvalán: por Administración en provecho propio, en calidad de cómplice; Lavado de Dinero, en calidad de coautora.
Blanca Gloria Álvarez Vda. de Samaniego: Administración en provecho propio en calidad de cómplice y Lavado de Dinero, en calidad de cómplice.
Damián De Jesús Galarza y Christian Daniel Domínguez: Administración en provecho propio en calidad de cómplices.
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