En la audiencia de conciliación entre el exdefensor del Pueblo Miguel Godoy y la querellante Silvana Cáceres Irala, realizada esta mañana no se llegó a un acuerdo y el mismo deberá enfrentar juicio oral por difamación, calumnia e injuria que le entabló una exfuncionaria.
Miguel Godoy Servín había llamado a la querellante Silvana Patricia Cáceres Irala, planillera y farrista, tras haberla destituido. La audiencia no prosperó en una conciliación porque la querella solicitó G. 400 millones y Godoy solamente quería pedir “disculpas”. El caso fue elevado a juicio oral y público por el juez penal de sentencia Darío Javier Báez Ferreira.
Godoy Servín manifestó que el monto exigido por la querella le era imposible de pagar, ya que no poseía la suma exigida por la querella. El exdefensor propuso disculpas públicas a Silvana Patricia Cáceres.
Por su parte, el abogado representante de la querella autónoma Cristian Adán Giubi manifestó que menos de G. 400 millones no va a aceptar porque su cliente vendió terrenos, su vehículo y aún así quedó con deudas luego de que se le dio por terminadas sus funciones en la Defensoría del Pueblo.
El juez Darío Báez Ferreira elevará la causa a juicio oral y público, ante la falta de acuerdo entre las partes, admitirá las pruebas ofrecidas por la querella y se le dará un tiempo para que Godoy Servín presente sus pruebas.
Antecedentes
El 30 de junio de 2020, el juez penal de sentencia Darío Báez Ferreira admitió la querella promovida por Silvana Patricia Cáceres Irala, contra Godoy Servín, Lucía Lorena Ishiy Giménez, Augusto Emmanuel Rolón Ferreira y Armando Sanabria, por la supuesta comisión de los hechos punibles de calumnia, difamación e injuria.
Cáceres Irala quien el 11 de octubre de 2019, en su condición de funcionaria de la Defensoría del Pueblo, se encontraba cumpliendo labores de asistente de la Dirección de Delegados del Interior, tomó conocimiento a través de los medios de prensa de que fue destituida como directora de Contabilidad y luego fue desvinculada de la Defensoría del Pueblo, con una antigüedad de 16 años y 3 meses.
En las mencionadas declaraciones la acusaban de planillera y farrista, explícitamente de adulteración de reposos médicos y de farrista. La querella fue presentada por el abogado Cristian Giubi.
Según el exdefensor del Pueblo hay constancias que obran en la institución que revelan que Cáceres Irala faltó laboralmente nada menos que 7 meses en un año y que los certificados médicos que acercó no estaban visados por el Ministerio de Salud.
