27/05/2024

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En caso de corrupción pública, reparar daño y acordar con Procuraduría extingue acción

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En los hechos de corrupción pública, la Procuraduría General de la República, de acuerdo al artículo 23 inciso “b” de su ley orgánica, representa al Estado en calidad de víctima, en concordancia con los artículos 67 y 68 del Código Procesal Penal. Es por ello que parlamentarios, ministros del Ejecutivo o cualquier funcionario público procesado, si llega a un acuerdo con el procurador general y devuelve el perjuicio causado, logra la extinción de la acción. Esta figura está establecida en el artículo 25 del CPP, inciso 10. Lo dejaron en claro en el Auto Interlocutorio Nº 299 del 23 de abril pasado, pero que ayer se dio a conocer por escrito, los jueces Laura Ocampos, Juan Pablo Mendoza y Fabian Weisensee, al hacer lugar a la extinción de la acción que planteó la defensa del exdiputado Tomás Rivas, con base a la devolución del dinero estafado y una donación. El legislador había causado un perjuicio de G. 47 millones al Estado, al pagar con plata de la Cámara de Diputados a sus “caseros de oro”.

ANÁLISIS DEL TRIBUNAL

Es necesario primeramente referirnos a los presupuestos que deben reunirse para la extinción de la acción y, teniendo en cuenta que el hecho por el cual se encuentra acusado el señor Tomás Rivas es de estafa, un hecho punible contra el patrimonio, el Tribunal tuvo presente lo expuesto por el Tribunal de Apelación que resolvió la nulidad del anterior juicio a Rivas, al señalar lo siguiente: 1) que la causa corresponde a hechos punibles contra los bienes de las personas o hecho punible culposo; 2) que haya realizado la reparación integral del daño particular o social causado y antes del juicio y 3) la admisión de la víctima o el Ministerio Público, según el caso.


El primer presupuesto se cumple por el hecho de existir un daño patrimonial contra las arcas del Estado paraguayo (persona jurídica), que conforme a la acusación fiscal en la suma de G. 47.000.000.

El segundo requisito consiste en la reparación integral del daño social causado y que el mismo haya realizado antes del juicio. Al respecto, obra a fojas 1219 a 1237 el informe remitido por la Procuraduría General del Estado que, a pedido del Tribunal, como medida de mejor proveer, informa: “El 22 de noviembre de 2021, el señor Tomás Rivas suscribe un acuerdo con el entonces presidente de la Cámara de Diputados, donde se acepta el reintegro que dicha Cámara ha desembolsado en concepto de salarios a contratados, junto con los intereses generados hasta la fecha del pago. El 15 de diciembre de 2021, el entonces procurador general, Juan Rafael Caballero, dio testimonio en la audiencia de juicio oral en la causa de referencia, en los siguientes términos: Con este acuerdo y con las boletas de depósito que se encuentran adicionadas al acuerdo, el acuerdo en su cláusula 2, dice: (sic) por lo que expresa y definitivamente nada tiene que reclamar en ningún concepto presente o futuro al diputado Tomás Rivas y creo que en otra cláusula decía lo mismo o en similares conceptos, consecuentemente la institución responsable a quien se causó el perjuicio, que tiene autonomía para decidir en estas situaciones nos ha comunicado que ha sido resarcida completamente, ha sido resarcido según lo que dice el acuerdo correspondiente. Yo no tengo acción alguna para (sic) requerir resarcimiento al diputado Rivas, porque la institución competente ha sido resarcida completamente, ha sido resarcida económicamente (sic)…”, dice la resolución.

Por otro lado, también menciona una donación de G. 47 millones al Colegio Nacional “Santa Teresita del Niño Jesús”, de Asunción.
“De este informe se infiere que hubo una reparación integral del daño social causado, el cual fue realizado el 16 de noviembre de 2022, dos años antes del inicio del juicio que estuvo fijado por el Tribunal, conforme al acta de entrega de la donación agregada al expediente judicial”, puntualizaron los jueces.

“Finalmente, en cumplimiento del tercer requisito, es la admisión de la víctima y con referencia a este punto, la ley Nº 6837 del 17 de noviembre de 2021 QUE ESTABLECE LAS FUNCIONES Y ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, en su artículo 23 inciso b) dispone: “…Intervenir en calidad de víctima, de acuerdo con los artículos 67 y 68 de la ley Nº 1286/1996 CÓDIGO PROCESAL PENAL, en los procesos penales en los cuales se investigan hechos punibles contra el patrimonio del Estado. Esta atribución, en ningún caso implicará la facultad de asumir la calidad de querellante adhesivo…” y en tal carácter (víctima) el procurador general del Estado ha referido en el informe precedentemente transcrito que “…Por las razones apuntadas en el punto anterior, la Procuraduría General de la República no tiene ningún reclamo que realizar al señor Tomás Rivas”. De esta forma, se cumplen todos los requisitos que exige el artículo 25 del Código Procesal Penal, en su inciso 10.

“En base al análisis realizado sobre los antecedentes de la presente causa y conforme a las normativas señaladas (artículo 25 inciso 10 del CPP y Ley Nº 6837/2021) se hace lugar al incidente de extinción de la acción por reparación integral del daño social y el sobreseimiento definitivo del señor Tomás Fidelino Rivas Benítez”, enfatiza el Auto Interlocutorio que se entregó ayer por escrito a las partes.

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