En el Auto Interlocutorio Nº 167 del 22 de abril pasado, por el cual se dispuso el sobreseimiento definitivo del diputado Rubén Roussillón, como cómplice del perjuicio de G. 42.000 a la Gobernación de Presidente Hayes durante la gestión de Oscar Núñez, se evidencia que el juez Roberto Ferreira valoró pruebas a favor del acusado, en clara violación a la ley. El artículo 353 del Código Procesal Penal señala que “el juez velará especialmente que en la audiencia preliminar no se pretenda resolver cuestiones que son propias del juicio oral y público”. Sin embargo, atribuyéndose funciones de un Tribunal de Sentencia, el magistrado afirmó en su resolución que los 41 cheques cobrados por Roussillón en el BNF, por G. 793 millones, “están plenamente justificados y respaldados” con los documentos presentados por el propio legislador, “por lo que no se puede atribuir al mismo delito alguno, ni complicidad”.
“El Ministerio Público sustenta su acusación en que el señor Roussillón ha endosado cheques (41) expedidos contra la cuenta corriente de la Gobernación de Presidente Hayes, sin que existiera contraprestación por parte del encausado, ni hubiera motivo alguno que justificara el cobro de estos cheques, situación esta que se desvirtúa de manera clara y certera con la presentación de los contratos suscriptos por el emblema Copetrol y la Gobernación de Presidente Hayes, por la cual se acredita que la estación de servicio Don Atilio 1 y Don Atilio 2 (empresa RB) emblema Copetrol de los cuales el señor Roussillón era gerente, ha proveído de combustible, lubricantes y afines a la Gobernación, por los endosos o efectivización de los cheques cuestionados, se halla plenamente justificados y respaldados con las documentaciones agregadas (estos documentos presentados por el Sr. Roussillón que se adjuntaron al expediente como: el contrato privado Rubén Roussillón, recibos y facturas de la estación de servicios Don Atilio 1 y Don Atilio 2 a la Gobernación de Presidente Hayes, remisiones de combustibles retirados por la Gobernación, entre otros, por lo que no se puede atribuir al mismo delito alguno, ni complicidad”, refirió el juez Ferreira en su resolución, en donde es patente que hizo una valoración de las pruebas, algo que le está vedado por la ley.
“Resulta importante dejar claramente establecido que, habiendo la fiscalía presentado 41 cheques, donde aparecen cobrados, endosados o percibidos en algún momento por el procesado, emitidos por la gobernación. Esta persona (Roussillón) no tuvo ninguna participación ni en la firma de los mismo, todos fueron solicitados por personas físicas, jurídicas, asociaciones civiles, sociales y deportivas, firmadas por personas legalmente habilitadas para el efecto (por eso el banco pagaba) dentro de la gobernación, como figura en el expediente y endosados por diferentes personas y es con este endoso es cuando el documento se vuelve transmisible, puede circular normalmente y ser efectivizado y/o endosado por cualquier otra persona. No existe vínculo punible con el procesado”, agrega el magistrado Ferreira en otra parte de la resolución.
A nombre de clubes, comisión de corsos chaqueño y otros
Según a acusación del Ministerio Público, y probado documentalmente, Roussillón efectivizó cheques expedidos por la Gobernación de Presidentes Hayes a favor de la propia Gobernación, de los clubes Atlético Nanawa y Benjamín Aceval, la Junta Departamental, Secretaría de Asuntos Indígenas, Comisión Organizadora de Corsos Chaqueños, Asociación de Funcionarios de la Gobernación, personas físicas y otros.
Roussillón dijo que estos cheques fueron cobrados a cambio de combustible proveído a la Gobernación de Presidente Hayes. Si hubiera si así efectivamente, ¿Por qué la gobernación no emitió los cheques a nombre de Roussillón o de la estación de servicio que explota su familia? ¿Por qué se tendrían que emitir los cheques, por ejemplo a favor de clubes o la comisión del Corso Chaqueño, para que luego estas personas jurídicas entreguen los cheques a Roussillón y los efectivice en el Banco Nacional de Fomento?
Estas son preguntas elementales que tienen que tener respuesta y si no las hay, ponen aún más en duda la resolución dictada por el juez.
LO QUE DECLARÓ ROUSSILLÓN
En la audiencia preliminar ante el juez Ferreira, Roussillón pidió declarar y así lo hizo. Esto es parte de lo que manifestó:
“Conformamos una empresa R. B Sociedad Anónima legalmente constituida y opera hasta la fecha, propietaria de la estación Copetrol de la ciudad de Villa Hayes y en su momento también Copetrol, Benjamín Aceval, trabajamos en el rubro desde la habilitación de una estación de servicio llevado adelante por mi finado abuelo, que posteriormente tomamos la posta para constituir la sociedad mencionada. En ese sentido, quiero mencionar que una vez más que existía y existe hasta hoy un contrato con la Copetrol SA, de proveedor y operador, siendo R.B operador. En pocas palabras la estación de servicio se encarga como operador de comercializar al público el combustible y derivados. Dentro de ese marco, la Gobernación de Presidente Hayes ha sido cliente de nuestra estación de servicios, evidentemente en contraprestación de combustible y derivados, nuestra empresa ha recibido pagos por los mismos”.
“El Ministerio Público menciona que hemos recibido y cobrado cheques sin justificación, lo cual niego categóricamente, puesto siendo operador, eramos nosotros quienes proveíamos combustible a la Gobernación y por tal motivo deberíamos recibir un pago por el producto entregado. Resalto, que como representante legal de la empresa era responsable de endosar o cobrar los cheques recibidos. Nunca hemos negado que hemos recibido pagos de la gobernación. Es más, en mi declaración ante la audiencia preliminar anterior mencioné que habíamos recibido cheques..”, afirmó Rossillón.
ESPOSA CONDENADA
Un dato importante a tener en cuenta, es que durante el tiempo que Roussillón cobraba los 41 cheques de la gobernación, su esposa, Nancy Núñez, quien firmó 32 de los cheques, eran la secretaria de Administración y Finanzas. Fue condenada a 5 años de cárcel, en el juicio oral en donde el exgobernador Oscar Núñez fue sentencia a 11 años de penitenciaría y derivado a prisión.
