El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto compareció hoy para la audiencia de imposición de medidas en medio del repudio de un grupo de activistas esteños. La diligencia fue suspendida por una recusación al juez Humberto Otazú.
Al momento de su llegada al Palacio de Justicia, el jefe comunal procesado por lesión de confianza fue “recibido” por un grupo de activistas quienes lo repudiaron con todo tipo de improperios, por su gestión al frente del municipio esteño.
[TRIBUNALES] 🟩Un grupo de activistas escrachó al intendente de CDE, @MiguelPrietoCDE, a su llegada para audiencia de imposición de medidas, que fue suspendida por una recusación al juez Humberto Otazú, promovida por el Abog @GuiFerreiroPy🔎 pic.twitter.com/RGQGdSSVv5
— El Observador (@observapy) September 14, 2023
En cuanto a la audiencia como tal quedó suspendida en virtud a una recusación presentada por el abogado Guillermo Ferreiro contra el juez Humberto Otazù.
El motivo responde a un vínculo de amistad del magistrado con la familia Zacarías, con representación parlamentaria y que por años tuvo el dominio de la Municipalidad de Ciudad del Este.
“El art. 50 inc. 13 cpp contempla como causal de recusación: “cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad”, y está visto y probado a través de las pruebas agregadas a ésta recusación que Otazù es compadre de la familia Zacarías Irún, precisamente de la diputada Rocío Abed y su marido Justo Zacarías Irún, él hermano de éste último Javier Zacarías Irùn” es enemigo declarado de nuestro defendido, que es de pùblico conocimiento, es una grave irregularidad procesal que genera la sospecha de falta de imparcialidad sobre el juez, y es causa suficiente para dar lugar a la presente recusación.”, señala parte del escrito recursivo.
«Esto no retrasa los plazos ni impide la investigación de la causa, puede continuar, la fiscalía puede seguir investigando, lo que pasa es que no tienen nada que investigar», agregó Ferreiro
El defensor asegura que lo que se busca es sacar a Prieto de la Municipalidad, ya que la fiscalía pide arresto domiciliario y prohibición de comunicarse con cualquier funcionario de la comuna.
Por otra parte, Prieto minimizó el escrache, calificando a los promotores de “alquilados”, e incluso citó el prontuario de uno de los impulsores, identificado como Arturo Páez, detenido por microtráfico y con proceso por agresión a su expareja.
Antecedentes
El Ministerio Público investiga la compra ficticia de 25.000 kits de cestas básicas para familias de escasos recursos, que ocasionó un perjuicio de G. 1.769.790.000 a la comuna. La adquisición se concretó en abril de 2020, durante la pandemia del covid-19, por vía de la excepción y la beneficiada fue la empresa Tía Chela SRL. “Se habría ajustado o simulado cadena de compra-venta, en la cual había participado la firma Vanemi SA, cuya representante legal Emili Vanessa Florentín Páez, es del entorno de Prieto”, refiere parte de la imputación. Los fiscales solicitaron el arresto de Prieto y de otros 10 involucrados en el hecho.
Los otros imputados son Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones; Sebastián Martínez Insfrán, director de Desarrollo Social; José Félix Cáceres Galeano, jefe de Desarrollo Comunitario; Julián Benítez Gamarra, jefe de Almacenes; Francisco Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas; Higinio Ramón Acuña, jefe de Adquisición y Suministros; Cirle Alcaraz Ramírez, encargado de órdenes de pago; Nelson Segovia Acevedo, tesorero; Fermín Ávalos Britos, propietario de Tía Chela SRL y Emili Vanessa Florentín Páez, propietaria de la firma Vanemi SA.
