Un hombre que quedó parapléjico en un tiroteo, tras herir a cuatro personas, recibió la eutanasia antes de llegar a ser juzgado, tras una decisión inédita de la justicia española que dio prioridad a su derecho a morir. Marin Eugen Sabau, de 46 años, era parapléjico, tenía una pierna amputada y sufría dolores constantes.
Marin Eugen Sabau, de 46 años, agente de seguridad rumano, disparó a tres colegas y a un policía, hiriéndolos. Los hechos ocurrieron en Tarragona (noreste), y Sabau recibió un disparo en la columna vertebral que le dejó paralítico.
Sabau, el bautizado ‘pistolero de Tarragona’, ha muerto en el Hospital Penitenciario de Terrassa (Barcelona). Le han aplicado la eutanasia. Los médicos le han administrado primero un sedante y luego un cóctel de fármacos que ha paralizado su corazón. Estaba rodeado de familiares y amigos.
España permite la eutanasia en caso de secuelas irreversibles, pero la ley no hace ninguna excepción en el caso de los presos en espera de juicio. El país aprobó en marzo de 2021 la norma que permite la muerte asistida. La ley explica que la eutanasia permite “dar fin a la vida de una persona, por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar un sufrimiento”.
Sabau era un aficionado a las armas, tenía licencia para portarlas y estaba entrenado. En el pleito laboral, acusó a la compañía de acoso, racismo y discriminación.
Tras su despido, empezó a mandar correos amenazantes a sus antiguos colaboradores.
“Securitas se acordará de mí unos cuantos años”, escribió en uno de sus mensajes. “Voy a vacunar a los jefes de Securitas con tres dosis de Glock-Pfizer de 9 milímetros. No quiero matarles, les dejaré jodidos (…) No estoy loco, lo he planeado a la perfección”.
La mañana del 14 de diciembre mandó otro correo electrónico. “Voy a salir en las noticias con Securitas”, escribió.
Unos minutos después entró a su antigua oficina en Tarragona. Estaba armado y de inmediato le disparó a tres personas. Las personas heridas incluían al supervisor de la oficina, el gerente y la responsable de Recursos Humanos.
Cuando llegó la Guardia Civil de España a la escena del atentado, el sujeto también le disparó a un agente.
Marin Eugen Sabau se dio a la fuga en su auto.
La policía intentó dialogar por teléfono para que se entregara pero —según los informes oficiales— se negó en varias ocasiones. Cuando la Guardia Civil lo alcanzó le dispararon. El sujeto recibió varios disparos en la columna vertebral y en las piernas.
Desde entonces, estaba postrado en una cama en el hospital penitenciario de Terrassa, y reclamaba que le ayudaran a morir.
«Estoy parapléjico. Llevo 45 puntos en la mano. No puedo mover bien el brazo izquierdo. Llevo tornillos y no siento el pecho», explicó al tribunal de Tarragona que falló en su favor.
Sus víctimas, que exigían un juicio, se opusieron a la muerte del agresor y recurrieron a los tribunales españoles -que retrasaron el plazo- e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero fue en vano.
El tribunal argumentó que la eutanasia es un «derecho fundamental» y que la ley española que la regula no especifica nada sobre «personas que se hallen en situación de prisión provisional o sujetas a un procedimiento judicial».
Los abogados de las víctimas pedían, en cambio, esperar a después del juicio para que el acusado pudiera indemnizar a las víctimas.
«Las víctimas tienen un sentimiento de frustración. Se ha dejado a una persona decidir cómo y cuándo acabar con un procedimiento judicial», lamentó José Antonio Bitos, abogado de dos policías heridos (uno por balas, el otro en la persecución posterior). Agregó que “no se ha tenido en cuenta el sufrimiento de las víctimas ni tampoco su dignidad”.
«No nos oponíamos a la eutanasia en sí, pero antes del juicio, sí», añadió, recordando que los dos agentes recibirán compensación de la administración al haber sido heridos en acto de servicio, pero no las otras víctimas.
Las víctimas se tendrán que poner en manos de las aseguradoras para saber si reciben alguna compensación.
La ley autorizando la eutanasia en España entró en vigor el 25 de junio de 2021, convirtiéndolo en el cuarto país europeo en despenalizarlo, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo y en poco más de un año, se llevaron a cabo unas 180, según datos del gobierno.
Fuente: AFP e Infobae.
