La Procuraduría General de la República recibió la notificación oficial del Tribunal de Arbitraje, en el marco de la demanda promovida por la firma Mota ENGIL contra el ente estatal por la suspensión del proyecto de reconversión vial conocido como Metrobús.
Este es el resultado de una demanda de arbitraje internacional planteada por la firma internacional contra el Estado Paraguayo, información confirmada por el Procurador Marco Aurelio González.
“En el caso de arbitraje Metrobús, el Tribunal ha dictado laudo, saben que en el año 2018 cuando asume Mario Abdo, decide suspender las obras del Metrobús, irracionalmente entendemos, esto se lleva a un arbitraje, la constructora demanda al Estado, el estado contesta y hace reclamos, en síntesis el Tribunal Arbitral decide que el Estado debe pagar a Mota Engil además de lo que ya le pagó, la suma de USD 13.000 000 más intereses y Mota Engil debe pagar al MOPC la suma de USD 100.000”, explicó González en conferencia de prensa
Si se tiene en cuenta lo solicitado por MOTA Engil, más los intereses, el Estado deberá hacerse cargo de unos USD 16.000.000. Según el Procurador, aún se encuentran en plazo para el planteamiento de la respuesta ante el citado fallo arbitral.
El monto de condena al Paraguay incluye los conceptos de: ejecución indebida de la garantía de cumplimiento de contrato, montos retenidos indebidamente, daño emergente, costos y costas e intereses.
“Los aspectos en los que el Estado ha sido demandado u obligado a pagar, el Tribunal condena al Estado a pagar casi cinco millones de dólares, porque ha ejecutado una póliza en contra de una orden expresa del Tribunal Arbitral.
“Producto de esta actuación negligente del Estado en ese momento, en que además que hay que pagar intereses por esa devolución, además se le ha recargado al Paraguay con un 10% de las costas, es decir tiene un impacto en el presupuesto público, la conducta procesal del Estado Paraguayo”, puntualizó González.
Antecedentes
Los fiscales que “investigaron” el caso Metrobús nunca abrieron un sobre que contenía un CD, en el que había 400 páginas de informe de la Contraloría, que hizo 70 observaciones sobre la obra. Estaba en la carpeta fiscal desde 2020. Es un avergüenza.
La desidia de los fiscales que intervinieron en el caso Metrobús llegó al colmo. No llegaron a abrir el sobre que contenía el informe en el cual se detallaron todas las irregulares y se hacía observaciones sobre la posible comisión de hechos punibles.
“Se observó que fueron realizados ajustes no contemplados inicialmente en el Contrato, debido a debilidades en la planificación del proyecto “Programa Reconversión Urbana, Modernización del Transporte Público Metropolitano y Oficinas de Gobierno”, con relación a los ítems no contemplados en el contrato original N° 100/16, firmado con Mota-Engil, Ingeniería y Construcción SA, como ser: zanja técnica, adecuación de la red de desague pluvial, programa de apoyo a locales vulnerables y demás comercios; como consecuencia surgieron incrementos sustanciales por G. 108.802.005.390 en los convenios modificatorios y ampliación de plazos de ejecución, correspondientes a la empresa contratista Mota-Engil Ingeniería y Construcción SA y con la empresa fiscalizadora, Consorcio TYPSA INCOSA INGENEG SA”, decía una de las tantas observaciones hechas por la Contraloría y que los fiscales ni siquiera revisaron.
