El juez de Paz de Benjamín Aceval, Roberto Ferreira, está en la mira por la presunta comisión del hecho punible de prevaricato, debido a que su juzgado habría intervenido de forma irregular en el secuestro de automóviles de clientes de la playa de autos Matías Automotores.
La fiscal Yrides Ávila comentó a El Observador que incautaron durante el allanamiento de ayer una decena de expedientes que guardan relación con las denuncias en contra de la citada playa de autos. “En este caso fuimos por tres denuncias; tenemos más denuncias, pero fuimos concretamente por tres denuncias y así mismo también verificamos cuántos expedientes son los que fueron tramitado en ese lugar, porque la hipótesis decía de que ese lugar era un Juzgado amigo de esa playa para tramitar los procesos de manera irregular, acelerar, secuestrar y cerrar la causa”.
Sin embargo, alertó de una serie de irregularidades detectadas en el juzgado de Benjamín Aceval. “Nosotros trajimos los expedientes, pero no pudimos tener un conteo ─por darle una terminología vaga─ de cuántos expediente son porque a ellos supuestamente se les extravió su cuaderno de entrada o su registro de entrada de causas. Entonces por ese mecanismo no pudimos obtener eso”.
Sobre esta irregularidad, explicó que tienen previsto recurrir a Estadísticas en cuanto a las resoluciones recaídas para poder verificar el número de causas por ese mecanismo, “pero luego nos topamos con la cuestión de que no todas las resoluciones enviaban a Estadísticas, lo cual otra vez nos generó esa suspicacia del modo irregular en que se conduce el Juzgado; no sabemos si es una recarga de trabajo o si es para ocultar la existencia de esos procesos”.
Aseguró que el magistrado habría incurrido en prevaricato. “Yo creo que la decisión o la intervención del Juez es determinante y relevante para conseguir el resultado. Si yo no tengo la anuencia, la ayuda, el favor del Juzgado no voy a conseguir el secuestro; si yo creo que hago las cosas legalmente, absolutamente era imposible que los secuestros de vehículos se dieran de esta forma. Son procesos que tienen la apariencia de irregularidad y que tiene que ser verificados desde la perspectiva del del Código Procesal Civil, pero ayudaron a la comisión del hecho punible”.
Se investiga estafa, asociación criminal y prevaricato por parte del juzgado.
Modus operandi
Sobre la forma en que la playa de autos operaba para la presunta estafa, comentó cuanto sigue:
Tras adquirir los rodados, los clientes denunciaron que “cuando llega el primer mes uno se va para pagar la cuota y no se hacen encontrar, como que generan un un escenario que propicia la mora eso aprovechan ellos para abrir un proceso civil supuestamente de resolución de contrato y en ese juicio tiene secuestro. Una vez que ellos tienen el vehículo usan un documento que te hicieron firmar de manera incauta, o sea sin que vos te percates ni que conozcas el con el contenido la implicancia o la trascendencia, que es el famoso ‘dación en pago’, que ellos dejan un espacio dejando un para completar luego la fecha”.
