El juez José Agustín Delmás decretó el arresto domiciliario para Alcides Ramón Ayala, estibador ligado al esquema de aprietes a comerciantes del Mercado de San Lorenzo a cambio de no hacer procedimientos anticontrabando. En esta misma causa están imputados un funcionario de Aduanas y un agente policial de Delitos Económicos.
La abogada Elvira Vera interpuso un recurso de apelación general contra el Acto Interlocutorio del pasado 27 de abril en el cual se mantuvo la prisión preventiva contra el imputado.
A su vez, el Tribunal de Apelaciones Especializado en Delitos y Crimen Organizado, a través del cual, ha resuelto revocar el auto interlocutorio por el cual este Juzgador había resuelto ratificar la prisión preventiva del incoado.
“Por lo que habiéndose resuelto por el Superior Jerárquico no queda otra alternativa que dar por cumplido lo resuelto y sustituir la medida cautelar de prisión preventiva que pesa sobre Alcides Ramón Ayala, disponiendo su inmediata libertad, bajo ciertas reglas de conducta, a los efectos de asegurar su comparecencia ante los mandatos de la justicia”, indica la resolución.
El arresto domiciliario será bajo control policial aleatorio, prohibición de cambiar el domicilio denunciado en autos, sin previa autorización del Juzgado; prohibición de comunicarse con los demás co imputados o testigos de la investigación, obligación de asistir a todas las citaciones del Juzgado y la fiscalía, obligación de presentar para este 08 de mayo de 2023, los documentos para la caución real hasta cubrir la suma de gs. 500.000.000 (guaraníes quinientos millones), y hacer efectivo el embargo sobre el inmueble ofrecido en autos.
Los fiscales de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia y Néstor Coronel, imputaron a Rodolfo Martínez, jefe de inteligencia de Delitos Económicos de la Policía y Oscar Villamayor, funcionario de Aduanas por cohecho pasivo agravado y extorsión, en calidad de autores. Mientras que el estibador Alcides Ramón Ayala fue imputado por cohecho pasivo agravado y extorsión en calidad de cómplice. Habrían pedido dinero a comerciantes de San Lorenzo, a cambio de que sus locales no sean allanados, según la investigación.
