Francisco de Vargas y Luis Rojas, quienes ejercieron el máximo cargo en distintos periodos dentro del ente antidrogas se sentarán en el banquillo a partir de este jueves por presunta lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
Para el efecto se conformó el Tribunal de Sentencia con las juezas Cándida Fleitas, Dina Marchuk y Gloria Hermosa.
Además de De Vargas y Rojas están incluidos en el proceso Nicasio Bóbeda, Alfredo Javier Bobeda Mongelós,Silvia Jara Acha, Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvio Alcides Amarilla Torales:Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez Jessica Paola Reyes Aguilera y Hugo Danilo Gonzalez.
Para Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvio Alcides Amarilla Torales y Jesica Reyes, quienes fueron beneficiados con sobreseimiento provisional en 2017.
La fiscalía representada por Luis Piñánez investiga supuestas irregularidades en la compra de equipos para escuchas telefónicas por un valor superior a los 9.400 millones de guaraníes.
Por resolución Nº 431/2012, de fecha 15 de noviembre de 2012, el exministro de la SENAD Francisco de Vargas, autoriza a la Unidad Operativa y Contrataciones de la SENAD, a realizar las gestiones del proceso y adjudicación para la Adquisición del Sistema de Rastreo móvil.
Sin embargo, en base a la conclusión de la Fiscalía no existe registro oficial de ingreso de las mercaderías adquiridas por la SENAD de la empresa TELEVOX, conforme informes proveídos por la Dirección Nacional de Aduanas.
Así mismo no consta un registro de transferencia de dinero por parte de la empresa TELEVOX A COBHAM, que denote la compra de los productos. Y la constancia que certifica la representación de la empresa COBHAM, es una nota simple con una firma visiblemente escaneada.
Es decir las autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas, pagaron la suma G 9.406.120.000 guaraníes a la empresa TELEVOX S.R.L. pese a que no fueron cumplidas las clausulas establecidas en el contrato Nº 32 /2012 ya que el equipo objeto del contrato nunca ingreso al patrimonio de la institución generándole de esta manera un perjuicio patrimonial.
Así mismo, el señor Alberto Daniel Martí firmo el acta de la supuesta entrega de equipos y cuya aceptación sin objeción alguna, motivó que el proceso administrativo nuevamente siga su curso.
