La familia del secuestrado expresidente Oscar Denis, emitió un pronunciamiento público, en el cual manifiesta sentirse horrorizada por la manera en que Carmen Villalba y Francisca Andino se manejan dentro del penal femenino, continuando con el negocio del secuestro y el asesinato desde la cárcel.
El comunicado refiere que tanto la familia como la ciudadanía en general pudo ser testigo de cómo el EPP opera impunemente desde el Buen Pastor, y que quedó en evidencia en el allanamiento del pasado 17 de noviembre, tanto por los elementos hallados como las instalaciones de la celda compartida por ambas mujeres.
En ese sentido anunciaron la realización de una denuncia penal a raíz del allanamiento en cuestión, a fin de llegar a todos los responsables de la situación anteriormente mencionada. A su vez valoraron la separación de Carmen Bogarín Roa, de la dirección del penal, mientras dure la intervención del penal.
“Observamos que Carmen Villalba cuenta con una celda exclusiva donde tiene montada una oficina, desde donde seguramente sigue planificando actos terroristas, tiene a su disposición aparatos celulares para comunicarse a sus anchas con el equipo criminal que dirige y realizar todo tipo de extorsión cuando necesite hacerlo.
“Notamos también que tiene acceso a un computador que le permite comunicarse con el mundo entero a través de internet, planificar y ejecutar sus crímenes, saqueos, cobros por cuotas revolucionarias y seguramente llevar una planilla Excel de todo lo recaudado por el secuestro, el terrorismo, el abigeo, el amedrentamiento y el tráfico de armas.”
La familia Denis se refirió de igual manera al dinero en efectivo, que para su criterio es utilizado “para seguir pagando los privilegios al sistema corrupto que los sigue manteniendo, dinero lógicamente, producto de la actividad ilícita a la que está acostumbrada junto con la organización que dirige.”
“Esta indignación no pasa porque Carmen Villalba, Líder del EPP tenga más privilegios que el resto de la población penitenciaria, sino porque esta situación ha cometido al Estado paraguayo, a través del Ministerio de Justicia en cómplice puesto que al permitir que la lider de un grupo terrorista cuente con las herramientas logísticas que le permitan seguir operando y ejecutando sus crímenes, aun estando en situación de encierro, el Estado deja en total indefensión a la ciudadanía, en manos del EPP. Esto, siefores, se denomina aquiescencia, y hace al Estado directamente responsable de todo lo que pueda ejecutar el EPP mientras siga permitiendo que su líder principal cuente con las herramientas necesarias para ejecutar sus crímenes y mientras siga manteniendo al frente del Buen Pastor a personas que sucumben a la corrupción.”
“Entendemos que los problemas del sistema penitenciario son herencia de gobiernos anteriores, sin embargo, eso no constituye una excusa para no impartir soluciones drásticas que aseguren a la población que la líder principal del EPP no tendrá de ahora en adelante acceso a herramientas que le permitan seguir con el lucrativo negocio del secuestro el lavado de dinero, el reclutamiento forzado de niños indígenas y el tráfico de armas”, señala.
