Se anuló el juicio por el femicidio de Agostina, tras amenaza al jurado y las fallas en la seguridad. Un mensaje, escrito en la pared del baño de hombres al que sólo tienen acceso los integrantes del jurado, fue descubierto en la mañana del miércoles en plena deliberación del tribunal popular que estaba definiendo la responsabilidad de los cinco imputados.
Se trata de una falla gravísima en los mecanismos de seguridad, sin precedentes en los ocho años que lleva la implementación del juicio por jurados en Neuquén, y que tampoco registra antecedentes en el resto del país, según calificadas fuentes judiciales consultadas.
La seguridad está a cargo de personal de la dirección de Unidades de Detención. La Oficina Judicial abrió una información sumaria administrativa, informó su jefe Juan Guaita.
Si fuera cierto que alguien accedió a la dirección de los jurados populares, cuyos datos personales se preservan con extremo celo, sería una fuga de información escandalosa.
El baño fue higienizado el martes a la tarde por la empresa tercerizada que presta el servicio. No es inaccesible, pero tampoco es de uso habitual para el público que recorre la Ciudad Judicial, está reservado de manera exclusiva para el jurado popular. En el sector no hay cámaras de vigilancia.
El miércoles a la mañana, cuando el jurado encontró el mensaje, se lo transmitió de inmediato a los otros 11 que se encontraban en la sala de deliberación.
Se produjo entonces una primera reunión con la jueza Leticia Lorenzo y todas las partes: la fiscalía, la querella y la defensa de los cinco imputados. Fue a puertas cerradas, y se discutió respecto de si debía continuar o no la deliberación.
Hacia las 10:00 de la mañana se consultó al jurado si estaban en condiciones de dar un veredicto con imparcialidad, o si alguno o alguna se encontraba afectado por el mensaje.
A las 12:32, la jueza Lorenzo informó públicamente que se resolvió anular el juicio y disponer que en un plazo de diez días se convoque a un nuevo debate, con otro jurado popular y otro juez. “Un jurado accedió a un contenido intimidante, lo transmitió al resto del jurado, que compartió la sensación de seguridad”, dijo Lorenzo.
“Es algo que pasó al interior de este edificio judicial, no en el domicilio”, aclaró.
Expresó que “la preocupación que tenían las y los jurados trascendía la posibilidad que tenían de seguir debatiendo el caso”.
“Si se daba un veredicto de responsabilidad, iba a estar atravesado por la duda de si se había dado por la prueba o por la situación que sucedió. Y si era un veredicto de no responsabilidad, no sólo nos íbamos a quedar con la duda, sino que la acusación no tiene posibilidad de impugnar”, agregó.
«Bronca», «impotencia» y «angustia» eran los términos que repetían familiares, amigos, fiscales y abogados involucrados en el juicio.
Asimismo, el fiscal jefe de Homicidios Agustín García prometió una rápida investigación.
Más allá de cuál sea su resultado, lo deseable es que no dañe la institución del juicio por jurados, que está en la Constitución Nacional Argentina desde 1853, pero recién en los últimos años se logró implementar a cuentagotas en algunas provincias debido a la resistencia de los sectores más conservadores del Poder Judicial.
A su turno, los defensores públicos que intervinieron expresaron en un comunicado: “se insta al Ministerio Público Fiscal a realizar rápidamente las investigaciones necesarias para lograr el esclarecimiento de lo acontecido».
Por su parte el sindicato de empleados judiciales expresó su preocupación por lo ocurrido. “Se vulneró la seguridad de todas las personas que participaban de este proceso”, dijo en un comunicado. “Además, resaltamos la importancia de los Juicios por Jurado, instancia que consideramos representativa de la sociedad que puede participar dentro del Poder Judicial, ámbito que generalmente suele estar alejado de la sociedad. Lamentamos que en el único espacio participativo ocurran este tipo de situaciones donde se vio vulnerada la seguridad del Jurado Popular”.
En esta oportunidad eran cinco los imputados acusados de homicidio triplemente agravado. Juan Carlos Monsalve (48), que confesó ser quien asesinó a Agostina Gisfman a puñaladas por una presunta «deuda de un millón y medio de pesos», intentó desligar a su pareja, Ana María Perales que -según la acusación- lo habría instigado a cometer el crimen al descubrir una presunta infidelidad. Lo mismo intentó hacer con su sobrino Enzo Monsalve y su empleado Maximiliano Zapata, que para la fiscalía habrían sido coautores del hecho. También quiso desligar a Gustavo Chianese, acusado de ser el entregador de Agostina para que se cometiera el crimen.
Tanto la fiscalía como la querella, en manos del abogado Diego Vázquez, habían solicitado la pena máxima para los cinco imputados: se enfrentaban a la pena de prisión perpetua.
Fuente: Clarín y Río Negro.
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