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Fijan fecha de juicio para Noyme Yore y demás acusados por lesión de confianza

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El Tribunal de Sentencia a cargo de la Magistrada Claudia Criscioni, fijó el desarrollo del juicio oral y público a la exdefensora general Noyme Yore y el exdirector del Ministerio de la Defensa Pública Germán “Yiyo” Fatecha y los demás imputados desde el 13 al 24 de marzo del 2023 a las 8:30 horas.

Anteriormente, el Tribunal de Apelación Penal, 2ª Sala, de la Capital resolvió confirmar el Auto Interlocutorio n° 945 del 16 de septiembre de 2021, dictado por la jueza de Garantías Cynthia Lovera, por el que se ordenó el auto de apertura a juicio oral para la exdefensora y los demás procesados.

Noyme Yore y Germán “Yiyo” Fatecha están acusados por el hecho punible de lesión de confianza con relación a la firma de contratos y pago a empresas que no hicieron en forma las obras de construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública, lo cual ocasionó un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979 a la defensa pública.

Además de Yore y Fatecha, está acusado en el presente proceso penal Vicente Giardina, director de Infraestructura y Logística, quien se encargaba de dar el visto bueno a las obras para que avancen, pese a no cumplir con lo pautado en el contrato.

También estarán sentados en el banquillo de los acusados Carlos Francisco Barreto, Eulalio Quintana, Darío Amarilla, Néstor Daniel Villalba, Adolfo Ortega. La lista de acusados sigue con Esteban Daniel Rojas, Pablo López González, Juan Manuel López, Mario Javier Villalba y Rodrigo Manuel Rotela, quienes están acusados por lesión de confianza.

Fue designada como Actuaría Judicial en la presente causa a la abogada Lourdes Candia Verdún, del Juzgado Penal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción N° 1 de la Capital.

Antecedentes

Según la acusación fiscal desde el 29 de agosto del 2013 hasta el 18 de diciembre del 2014, la entonces defensora general Noyme Yore firmó contratos para la construcción de obras en distintos departamentos del país y para el efecto pagó millonarias sumas a las empresas contratadas que supuestamente no realizaron a cabalidad la construcción de las sedes del Ministerio de la Defensa Pública.

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