El fiscal Deny Yoon Pak justificó el pedido de auxilio judicial para obtener de cinco bancos, documentos sobre empresas salpicadas y personas imputadas en el operativo «A Ultranza PY», alegando que las entidades financieras, pese a las reiteraciones, no le remitieron los informes requeridos. “Los bancos (Itaú, Familiar, Bancop, GNB y Atlas) han impedido que esta representación fiscal acceda a la información completa relacionada a las transacciones bancarias realizadas por los imputados”, apuntó Pak en su escrito ante la justicia. Con base a ello, la jueza Lici Sánchez emplazó por 24 horas a las entidades para que envíen al juzgado los documentos requeridos, bajo apercibimiento de que si no lo hacen los directores pueden ser procesados por desacato.
En el escrito presentado ante el juzgado Especializado en Crimen Organizado, el agente del Ministerio Público, solicitó que se libren oficios a los cinco bancos en el expediente caratulado “Miguel Angel Insfrán s/ Tráfico de Drogas, lavado de dinero y otros”, teniendo en cuenta que las entidades financieras no respondieron a la fiscalía.
El fiscal enumeró cada uno de los documentos que tienen que enviar los cinco bancos: Itaú, Familiar, GNB, Atlas y Familiar, en el marco de la mega investigación por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en el país.
“Teniendo en cuenta que a la fecha aún esta Fiscalía no cuenta con los informes solicitados a los referidos bancos desde el inicio de la investigación, los cuales fueron reiterados en varias oportunidades y atendiendo que la investigación fiscal se encuentra en el último mes de investigación, se pone a conocimiento del juzgado que los citados bancos han impedido que este representante fiscal acceda a la información completa relacionada a las transacciones bancarias realizadas por los imputados”, dice una parte del fiscal asignado exclusivo en esta causa por la Fiscalía General, atendiendo la complejidad de la misma.
La juez Lici Sánchez, quien interina a su colega Rosarito Montanía, emplazó por 24 horas a los bancos para que remitan al juzgado los documentos y otros datos requeridos por el Ministerio Público. Además, la magistrada lo hizo bajo apercibimiento de remitir los antecedentes a la Fiscalía para que los directores de las cinco entidades puedan ser investigados e imputados por desacato a una orden judicial, que tiene una pena prevista de 6 meses a 2 años de cárcel o multa.
