26/02/2024

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Fiscal general decide si acusa o no por el desvío de G. 2 billones en Caja Bancaria

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El fiscal general, Emiliano Rolón deberá acusar o no a los directivos de la Caja de Jubilados Bancarios, procesados por un desvío de G. 2 billones. En la audiencia preliminar realizada la semana pasada, el fiscal Martín Morínigo se ratificó en el dictamen de la fiscala adjunta, Patricia Rivarola, de que no se pudo llegar a la “convicción suficiente” de que existe un hecho delictivo y la participación de los autores.

Sin embargo, el juez Yoan Paul López imprimió trámite de oposición, previsto en el artículo 358 del Código Procesal Penal, ya que según el magistrado hay una falta de acusación y el superior jerárquico debe evaluar las actuaciones de los inferiores. En la causa, la fiscala Stella Marys Cano se había allanado a extinción de la acción y la jueza Cynthia Lovera envió los antecedentes a la fiscal adjunta, que no ratificó la postura de Cano, ni acusó, sino pidió el sobreseimiento definitivo por la falta de prueba suficiente. Lovera rechazó el dictamen de Rivarola, pero sobreseyó a los acusados. Todo lo actuado fue anulado por una Cámara de Apelación de Capital.

“Nuestro sistema de enjuiciamiento penal, se encuentra diseñado conforme a la estructura del debate, propio de un sistema Republicano de derecho que descansa esencialmente en el sistema acusatorio. En ese sentido, se consagra la separación de roles de investigador y juzgador, definiendo el código de procedimientos penales la función de cada etapa del proceso y su división”, dijo en una parte de su resolución le magistrado.

“El sistema acusatorio vigente que sostiene la separación de roles de investigador y juzgador, contempla que el titular de la acción penal pública es el Ministerio Público y en ese sentido, es la parte requirente del impulso procesal de esa acción, quedando a cargo del juzgador dar correspondiente, la necesidad del proceso, como garantía de rango constitucional y al efecto de administra las pretensiones procesales de las partes, se erige necesariamente como premisa mayor de DEBIDO PROCESO. Cualquier decisión fuera de ello, sería desnaturalizar el sistema de enjuiciamiento”, agregó.

“Por ende, debemos tener en cuenta que los actos procesales realizados por el juzgado de garantías Nº 3, en la fase dinámica de la etapa intermedia, han sido motivo de nulidad y como consecuencia de ello, todas las decisiones judiciales y procesales emitidas por aquel juzgado han quedado sin efecto, entre ellos, incluyendo todos los trámites procesales resueltos en aquel entonces, y tomando en consideración que la etapa intermedia es una sola y se lleva adelante ante un único juez y en atención a que existe una falta de acusación fiscal, como consecuencia de la ratificatoria del agente fiscal de un sobreseimiento definitivo, producto de una nulidad resuelta cuya consecuencia invalida las actuaciones dadas en la etapa intermedia, en su fase dinámica”, argumentó López.

“Con base a este argumento, el juez consideró ajustado a derecho imprimir el trámite de falta de acusación fiscal en virtud del artículo 358 del Código de procedimientos penales, al efecto de que el superior jerárquico, realice una evaluación de las actuaciones, y requiera conforme a Derecho, en base al caso en concreto”, añadió.

Los procesados son: José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramon Oro Domínguez, Angel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Campos Cervera.

 

Auditoría concluyó

que hubo maniobra

 

Una auditoría ordenada por la Corte reveló que hubo una maniobra fiscal, para blanquear a los acusados por el hecho punible de lesión de confianza. En la sesión del pleno, en abril pasado, el ministro Gustavo Santander, denunció que tanto en el caso de la Caja Bancaria como Mocipar hubo una simulación de que supuestamente se estaba investigando, pero todo terminó con la extinción del caso.

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