26/02/2024

Search

Fiscal pide juicio oral a abogado del Estado que ejercía la profesión en forma particular

Compartir:

El fiscal Jorge Arce acusó y pidió juicio oral y público al abogado Roberto Daniel Ledesma López, por la comisión del hecho punible de cobro indebido de honorarios. El profesional es “dictaminante” en el Ministerio de Salud y ejercía también la profesión en forma particular. “Claramente existe una incompatibilidad establecida para el ejercicio de la función pública, en razón de que restringe el desempeño de la profesión como tal y tener a la vez un ingreso distinto a lo presupuestado por el cargo público que desempeña”, afirma el agente del Ministerio Público. Asegura que “en este caso resulta incompatible el ejercicio de la profesión de abogado particular con la función de funcionario público, como así también, los cobros de los honorarios…”, argumentó el fiscal en la acusación.

FUNDAMENTO DE LA ACUSACIÓN

El Ministerio Público tiene la certeza que en el presente caso el acusado ROBERTODANIEL LEDESMA LÓPEZ, cometió el hecho punible de COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS, en base a las siguientes consideraciones, refiere el escrito del fiscal Arce.
Afirma, que, para ello, es indispensable el análisis del artículo 97 del Código de organización judicial que dispone cuanto sigue: “… El ejercicio de la profesión de abogado o procurador es incompatible con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo o Judicial, o miembro de las Fuerzas Armadas y Policiales en servicio activo. Esta prohibición no rige: a) cuando se trate de asuntos propios o de sus padres, esposas, hijos menores de edad, o personas bajo su tutela o curatela; b) cuando se ejerciere la docencia; y, c) para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo y de entidades autónomas o autárquicas, y para los abogados incorporados al Servicio de la Justicia Militar…”.
“Para el efecto, se realizó un análisis si el señor Roberto Daniel Ledesma López, funcionario público y de profesión abogado matriculado por la Corte Suprema de Justicia, se encuentra exento de la prohibición para ejercer la profesión de abogado de terceras personas de forma particular; sin embargo, luego del análisis de los documentos colectados durante la etapa preparatoria, se tiene que el señor Roberto Daniel Ledesma López, es funcionario público nombrado del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social por decreto del Poder Ejecutivo N° 5843 de fecha 31 de diciembre de 2010. En cuanto al literal “a” de la citada ley, se tiene que el citado profesional actuó en representación de terceras personas, tanto como abogado defensor como querellante en el marco de los expedientes identificados como: 1) Expediente judicial n° 1-1-3-1-2015-172 caratulado como: “ Blasida Inocencia Monges Ibarra y otros s/ Calumnia, difamación e injuria” y 2) expediente n° 1-1-3-1-2015-90 caratulado como: “Damiana Francisca Gómez de Jara s/ Injuria; sin embargo, se desconoce si algunos de sus representados poseen vínculo con el citado profesional tal como lo exige la ley en el literal “a”, para ejercer su representación legal, en razón a que no existe prueba de ello dentro de los sumarios instruidos al mencionado profesional. Con respecto al literal “b” en este caso no es aplicable, teniendo en cuenta que no se trata de una labor docente. En cuanto al literal “c”, conforme a todas las documentaciones que fueron proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y arrimadas al cuaderno de investigación fiscal y ofrecidos como medio probatorio en el presente requerimiento conclusivo, se tiene que el señor Roberto Daniel Ledesma López durante los años 2018 y 2019, fue designado como abogado dictaminante en varias dependencias del M.S.P.Y B.S., entre ellas en el Departamento de Asesoría Laboral de la Dirección De Relaciones laborales dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos, como así también de la Dirección General de Asesoría Jurídica, es decir, en su carácter de funcionario permanente de la institución, que recibía un salario y bonificaciones del Estado, correspondientes al cargo que desempeñaba, se encontraba inhabilitado para ejercer la profesión de abogado en casos particulares ajenos a la institución a la que pertenece. De acuerdo con los datos suministrados por la cartera de Salud, las funciones del abogado dictaminante y los emolumentos a ser percibidos por su labor se encuentran claramente establecidos por las normativas internas y por la ley general de presupuesto”, refiere en parte de su argumento el agente del Ministerio Público.

CODIGO DE ORGANIZACIÓN JUDICIAL

Siguiendo con el análisis del artículo 97 del Código de Organización Judicial literal c), esta prohibición no rige para los asesores jurídicos del Poder Ejecutivo, si bien es cierto, el señor Roberto Daniel Ledesma López es abogado dictaminante en la Dirección General de Asesoría Jurídica del M.S.P.Y B.S., no obstante, conforme a las informaciones proveídas por la citada institución, el Director General de la Dirección Gral. de Asesoría Jurídica del MSPYBS mediante nota D.A.J. N° 2410/2022 de fecha 24/10/2022, informó cuanto sigue: “…la mayoría de los Abogados designados a cumplir funciones en esta Dependencia, que no se encuentran designados para ocupar cargos como Jefes de algún Departamento o Dirección de esa Dependencia, poseen la designación por resolución ministerial bajo la denominación de “Abogados dictaminantes”, por lo que no existe la designación exclusiva bajo la denominación de “ASESOR JURÍDICO” del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sí un Director General de la Dirección General de Asesoría Jurídica”. Sumado a ello, la citada institución por misma nota informó además que no existe resolución ministerial alguna que equipare el cargo de Abogado Dictaminante con el cargo de Asesor Jurídico.

PODER ESPECIAL

En definitiva, el acusado Roberto Daniel Ledesma López no es Asesor Jurídico de la citada cartera del estado, tal como refiere en su descargo dentro del sumario administrativo instruido por la referida institución, asegura el fiscal.
“Si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social representado por Carlos Ignacio Morínigo Aguilera otorgó un Poder General para asuntos judiciales y administrativos afavor del Abg. Roberto Daniel Ledesma López, mediante Escritura n° 29 de fecha 24/05/2018realizado ante el Escribano Púbico Oscar Ariel Escudero Portillo y, en fecha 28/02/2019 mediante Escritura Pública n° 06 de fecha 28/02/2019 otorgado por Julio Daniel Mazzoleni Insfran, en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ante el Escribano Público Roberto Alcaraz Bogarin; sin embargo, el alcance del poder otorgado al citado Abogado, tal como se extrae de la Escritura Pública n° 06 de fecha 28/02/2019, solo le facultaba a lo siguiente: “ en nombre y representación del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, instauren, intervengan y entiendan, en defensa de los intereses de la Entidad, en toda clase de juicios que deban sustanciarse ante la Corte Suprema de Justicia y/o los Juzgados y/o Tribunales de la República de cualquier fuero o jurisdicción, sean de carácter administrado, laboral, civil, y/o comercial, y el Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad y/o de sus dependencias, en los que la Entidad conferente sea parte legítima como actora o demandada, o en cualquier otro carácter, por cualquier causa, razón o derecho”, es decir, el Poder General conferido al acusado Roberto Daniel Ledesma López, solo le facultaba a intervenir en representación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar en defensa de los intereses de la entidad tal como refiere la citada Escritura Pública mencionada, no así para representar a terceros en juicios particulares ajenos a la entidad a la que presta servicios el acusado Roberto Daniel Ledesma López”, esgrime el agente del Ministerio Público en su acusación.

CLARA INCOMPATIBILIDAD

En ese orden de ideas, el funcionario público en su carácter de abogado y que se encuentre exento de la prohibición establecida en artículo 97 del Código de organización judicial no podrá prestar sus servicios profesionales en ámbitos distintos a los que su cargo lo exige. Claramente existe una incompatibilidad establecida para el ejercicio de la función pública, en razón de que restringe el desempeño de la profesión como tal y tener a la vez un ingreso distinto a lo presupuestado por el cargo público que desempeña. Por lo que en este caso resulta incompatible el ejercicio de la profesión de abogado particular con la función del funcionario público, como así también, los cobros de los honorarios resultantes de dichas actuaciones en la profesión son debidos teniendo en cuenta las prohibiciones señaladas.
Al respecto, el artículo 60 de la ley N° 1626/2000 “De la función pública”, dispone en el inciso L: “Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que se establezca en los reglamentos respectivos:… l) efectuar o patrocinar para terceros trámite o gestiones administrativas o judiciales, se encuentren o no directamente bajo su representación;” situación que claramente fue realizada por el hoy acusado Roberto Daniel Ledesma López, en razón a que actuó en representación de terceras personas, tanto como abogado defensor como querellante en el marco de los expedientes identificados como: 1) Expediente judicial n° 1-1-3-1-2015-172 caratulado como: “ Blasida Inocencia Monges Ibarra y otros s/ Calumnia, difamación e injuria” y 2) expediente n° 1-1-3-1-2015-90 caratulado como: “ Damiana Francisca Gómez de Jara s/ Injuria, pese a la prohibición mencionada en la norma.

En tanto que, se extrae de la jurisprudencia de la máxima instancia judicial lo mencionado en el fallo correspondiente al expediente: “Acción de Inconstitucionalidad: Darío Garcete Souza y otros c/ art. 60 inc. L) de la Ley n.° 1626/2000. Año 2009 – n.° 1299”, lo siguiente: “El régimen jurídico de la función pública es un género distinto al del trabajador privado…el trabajador privado tiene su origen, sus obligaciones y sus derechos, principalmente derivados de un contrato; sin embargo, la función pública se origina fundamentalmente, en un acto o condición que bien puede ser un acto electivo o un nombramiento…”. En otra parte se menciona: “Lo pretendido por los accionantes desembocaría en una situación del todo irregular, y atentaría abiertamente con el desempeño de una función pública, en desmedro directo de las obligaciones que el cargo implica; pudiendo llegar a crear situaciones de conflicto entre intereses públicos y privados. Es decir, entre los intereses del Estado, sus dependencias o instituciones, y los intereses particulares representados por el funcionario desleal. Así vemos que el mismo, puede ser juez y parte de los intereses que representa”

En otra parte se indica: “Así el literal c) del Art.97 de la ley N° 879/81 transcripto, introduce una interpretación para la ampliación que conlleva el levantamiento de la restricción que estudiamos, entonces la mentada incompatibilidad entre el ejercicio de la Abogacía y el Funcionario Público resulta una dificultad práctica”. En otro párrafo señala: “Por lo que concluyo que la excepción del apartado C) obedece a dicha situación, pero notoriamente sólo para trámites o causas -jurisdiccionales o no- en que deba intervenir el órgano al que pertenece el funcionario Abogado, quien percibe de los mismos, entonces, debe circunscribirse a las estatales, no debe trascender a las actividades particulares restando tiempo y esfuerzo intelectual en desmedro de los intereses y postulados constitucionales del Estado.”. “De esta manera, considero que el apartado c) del Art. 97 del Código de Organización Judicial es al solo efecto de que los Asesores Jurídicos del Poder Ejecutivo y de entidades autónomas y autárquicas y los Abogados incorporados a la Justicia Militar puedan asumir trámites relacionados a su función pública contratada, no pudiendo atender casos particulares”.

EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

El bien jurídico protegido por la norma penal es el correcto ejercicio de las funciones públicas, que son los servicios al ciudadano realizados por parte del Estado, conforme a la Constitución Nacional y las leyes, que deben responder al principio del estado social democrático de derecho. El ciudadano contribuye al servicio público con los impuestos que abona, en consecuencia, los servidores públicos deben actuar con fidelidad hacia sus mandantes desempeñándose con honestidad y eficiencia. El actuar deficiente puede tener consecuencias disciplinarias derivadas de un sumario administrativo, sin embargo, cuando la conducta dolosa contiene una motivación económica ingresa al ámbito del ilícito penal.
En el presente caso, tenemos que la conducta desplegada por el acusado ROBERTODANIEL LEDESMA LÓPEZ, se subsume en el tipo penal de COBRO INDEBIDO DE HONORARIOS, ya que de la declaración de la denunciante Damiana Francisca Gómez de Jara y de los demás testigos ofrecidos por la representación fiscal en el presente requerimiento conclusivo, se tiene que el hoy acusado Roberto Daniel Ledesma López intervino en representación de terceras personas, tanto como abogado defensor como querellante en el marco de los expedientes identificados como: 1) Expediente judicial n° 1-1-3-1-2015-172 caratulado como: “ Blasida Inocencia Monges Ibarra y otros s/ Calumnia, difamación e injuria” y 2) expediente n° 1-1-3-1-2015-90 caratulado como: “ Damiana Francisca Gómez de Jara s/ Injuria.
En ese sentido, el Ministerio Público sostiene sobre la base de los elementos de pruebas colectados en transcurso de la presente investigación que, el acusado Roberto Daniel Ledesma López, en su calidad de funcionario público, tenía la prohibición de ejercer la profesión de abogado en casos de terceras personas, a pesar de ello intervino en las causas penales n° 1-1-3-1-2015-172 caratulado como: “ Blasida Inocencia Monges Ibarra y otros s/ Difamación, calumnia e injuria” y n° 1-1-3-1-2015-90 caratulado como: “ Damiana Francisca Gómez de Jara s/ Injuria, como profesional Abogado tanto como abogado defensor como querellante, percibiendo sumas no debidas en concepto de honorarios profesionales, consistente en la suma de Gs. 21.003.642, por las intervenciones realizadas en la causa penal n° 1-1-3-1-2015-172 caratulado como: “ Blasida Inocencia Monges Ibarra y otros s/ Difamación, calumnia e injuria”.
Por último, el acusado Roberto Daniel Ledesma López, ha conocido (y querido, en el sentido de considerar su concurrencia), a sabiendas, percibió suma de dinero no debidas en concepto de honorarios profesionales, pese a que posee una prohibición de ejercer la profesión en representación terceras personas, en virtud a las prohibiciones señaladas más arriba. Por tal motivo, Roberto Daniel Ledesma López ha actuado dolosamente.

Artículos Relacionados