El fiscal Luis Piñanez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, expuso que desde el principio señalaron que el acuerdo conciliatorio entre el diputado Tomás Rivas y la Cámara de Diputados no era legal, sin embargo fue utilizado para extinguir la acción penal por estafa contra el legislador colorado y consecuentemente lograr su sobreseimiento, lo que ahora fue anulado.
En contacto con El Observador Radio, Piñanez comentó que al iniciarse el juicio oral contra Rivas por estafa, se presentó un acuerdo conciliatorio entre el acusado y el titular de la Cámara Baja, Pedro Alliana – también colorado – que dejaba constancia del reintegro del supuesto monto de perjuicio causado por los “caseros de oro”, quienes habían sido nombrados como funcionarios de Diputados y percibieron salarios como tal, pero trabajaban en la casa del legislador.
Con este acuerdo la defensa impulsó la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo. “No fue sobreseído por ser inocente”, dijo, sino por el hecho de que la ley, cuando se refiere a causas sobre daño patrimonial contra el Estado, permite este tipo de acuerdos sobre reposición del daño.
“Nosotros nos opusimos porque, si bien la conciliación es un planteamiento legal, eso se puede hacer en cualquier instancia pero hasta antes del juicio oral y público”, y en el caso de Rivas, este acuerdo fue presentado durante el desarrollo del juicio.
Además sostuvo que fue cuestionada la figura de la legitimación de la persona que representó a la parte agravada, en este caso Alliana, quien firmó el acuerdo conciliatorio como presidente de la Cámara Baja.
“Es un hecho punible contra el Estado Paraguayo, el dinero perjudicado afecta al Estado y el Presidente de la Cámara de Diputados no tenía esa legitimación”, enfatizó.
En ese sentido, recordó que durante el desarrollo del juicio el Procurador fue convocado a declarar por el Tribunal de Sentencia. Como parte de su testimonio, expuso que solo comunicaron que se hizo ese acuerdo y que la Cámara de Diputados ya no tenía nada que reclamar. “El Procurador no tenía el más mínimo conocimiento del proceso ni del monto del acuerdo”, expuso y acotó que por ello “creemos que ese acuerdo no era válido”.
Hizo énfasis en que Pedro Alliana no tenía legitimación activa para asumir la representación del Estado en este caso.
Advirtió que “desde el comienzo avisamos que era ilegal, ilegítimo el acuerdo. Estamos muy conformes con la resolución del Tribunal de Apelación”.
Resaltó que el hecho de que se repare el daño patrimonial no significa que el Estado esté obligado a conciliar.
“A mi criterio, el expediente se tiene que bajar para que se fije una nueva fecha para la sustanciación de juicio oral y público”, puntualizó.
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