La fiscala adjunta Patricia Rivarola apeló la resolución del juez Yoan Paul López, por la cual remitió al fiscal general, Emiliano Rolón, el sonado caso del perjuicio de G. 2 billones a la Caja de Jubilados Bancarios, para que acuse o ratifique el pedido de sobreseimiento definitivo planteado por el fiscal Martín Morínigo en la preliminar. Rivarola se agravia por la decisión del magistrado y señala que “nos encontramos ante una aplicación incorrecta de los trámites procesales”. Afirma que no se puede aplicar lo dispuesto en el artículo 358 del Código Procesal Penal y enviar la causa al titular del Ministerio Público, ya que el 19 de abril de 2023, Rivarola, en representación de Fiscalía General, ya pidió la desvinculación total de los encausados del caso, en lo cual se ratificó el fiscal Morínigo.
Una auditoría de la Corte, realizada a pedido del ministro Gustavo Santander, confirmó que hubo maniobras en el Ministerio Público para allanar el camino para el sobreseimiento definitivo de los procesados: José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramon Oro Domínguez, Angel Ramón Chamorro Ortiz y Xavier Campos Cervera.
En el caso, el Ministerio Público, luego de una prórroga extraordinaria, presentó acusación contra los involucrados. Luego, en la audiencia preliminar se allanó al sobreseimiento provisional.
Después, la fiscala Stella Marys Cano, pidió la reapertura de la causa y en la preliminar se allanó a la extinción del caso con relación al hecho punible de lesión de confianza. La jueza Cynthia Lovera se opuso y remitió el caso a la Fiscalía General del Este, para que ratifique la postura de Cano o acuse a los imputados.
La fiscala adjunta Patricia Rivarola, ni acusó y ni se ratificó en la extinción, sino pidió el sobreseimiento definitivo de los encausados, debido a que no hay suficientes pruebas para llevar el caso a juicio. Este dictamen de Rivarola, fue rechazado por la jueza Lovera, pero igualmente sobreseyó a los imputados gracias a la extinción.
La decisión de Lovera fue apelada y la Cámara anuló su fallo. En consecuencia, el caso quedó a cargo de Yoan Paul López, quien en la preliminar resolvió enviar el caso fiscal general por falta de acusación. Argumentó que la Cámara de Apelación anuló todo. Por esta decisión, es que la adjunta se sintió agraviada y apeló.
“Conviene aclarar que el espíritu de la norma procesal es que a través del traslado previsto en el artículo 358, la Fiscalía General del Estado realice un estudio a profundidad sobre el caso puesto a su consideración, para concluir y responder si el requerimiento presentado por el inferior se adecua a los elementos obtenidos y a las reglas que rigen el proceso o si eventualmente debería darse otra salida, situación que en este caso ya no debe darse, pues ya fue emitido el dictamen Nº 04 del 19 de abril de 2023, firmado por la fiscal adjunta Patricia Rivarola, en representación de la Fiscalía General del Estado”, señaló Rivarola en la apelación de la resolución del juez López, que ordenó enviar el caso a la FGE.
