Los fiscales Natalia Fúster y Néstor Coronel urgieron a la Sala Constitucional de la Corte, que resuelva, en la brevedad, la acción de inconstitucionalidad presentada por Dany Durand contra la resolución de la Cámara de Apelación, que anuló su absolución por declaración falsa y ordenó que se haga un nuevo juicio oral. Los agentes del Ministerio Público alegaron que para el 15 de marzo de 2024 está prevista la nueva audiencia pública. Si los ministros dilatan su fallo, es casi seguro que Durand use eso como excusa para solicitar la suspensión del juicio. El exdiputado y exministro del Ejecutivo, tiene varios procesos por estafa en perjuicio de víctimas de Mocipar.
La causa data del 2019 y en el marco de la cual Dany Durand fue absuelto por los jueces Elio Ovelar y Darío Báez. La jueza María Luz Martínez había votado por la condena del acusado por el hecho punible de declaración falsa ante la Contraloría. Esta sentencia fue apelada por la Fiscalía y la Cámara anuló el fallo cuestionado. Contra la decisión de segunda instancia acción Durand y en la Sala Constitución está pendiente de resolución su presentación.
Por unanimidad, los magistrados José Waldir Servín, Cristóbal Sánchez y Agustín Lovera Cañete anularon la Sentencia Definitiva Nº 122 del 17 de abril pasado, tras concluir que la misma carece de fundamentación. Hablaron de “Vicios de la sentencia. Los defectos de la sentencia que habilitan la apelación y la casación, serán los siguientes: 4) que carezca, sea insuficiente o contradictoria la fundamentación de la mayoría del tribunal”.
LA ACUSACIÓN
La acusación contra Durand se centra en las declaraciones juradas de bienes y rentas presentadas por Dany Durand, quien ocupaba el cargo de ministro del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Este habría proporcionado información incorrecta y omitido detalles significativos en sus declaraciones.
En particular, se señala, que, en la declaración jurada de septiembre de 2018, Durand incluyó una propiedad (finca n° 9.176 en Ypacaraí) que supuestamente adquirió en 1994, valorándola en G 1.200.000.000. Sin embargo, según la acusación, este inmueble fue adquirido en abril de 2018 por contrato privado sin certificación de firmas, y aún no se había completado el pago total al momento de la declaración.
Además, se afirma que Durand vendió esta propiedad en mayo de 2019 a Maximiliano Campana, pero la transferencia de la propiedad no se habría realizado debido a una deuda pendiente. Posteriormente, en una declaración jurada rectificativa en noviembre de 2019, Durand habría vuelto a incluir la misma propiedad como suya.
En relación con los vehículos declarados, se menciona que fueron adquiridos a nombre de la empresa Durand Propiedades S.A., y se espera que los montos se acrediten a cuenta de las acciones de Durand una vez autorizado por la Asamblea Extraordinaria.
Además, se destaca una discrepancia en el valor de las acciones declarado por Durand en la firma Cristal Créditos S.A. Según la acusación, el valor declarado de las acciones no coincide con el registrado en el acta de asamblea de la firma.
La acusación también resalta que, según un informe de la Dirección General de Registro de la Propiedad, la finca en cuestión está registrada a nombre de Mocipar Propiedades S.A., que ha sido declarada en quiebra.
En resumen, la acusación sostiene que Durand proporcionó información inexacta y omitió detalles relevantes en sus declaraciones juradas de bienes y rentas, presentando activos y pasivos que no correspondían con la realidad respaldada por documentos.
