El Ministerio Público abrió una investigación penal por supuesto soborno al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Fueron asignados a la causa los fiscales Osmar Legal y Liliana Alcaraz.
Como primera medida, los fiscales Legal y Alcaraz, mediante cooperación jurídica y a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, solicitaron un informe a la Embajada de los Estados Unidos sobre el presunto intento de soborno de Velázquez.
Velázquez fue declarado el pasado 12 de agosto «significativamente corrupto”, junto con el director jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Juan Carlos Duarte, por los Estados Unidos. Según el anuncio realizado por la Embajada de ese país, Velázquez tuvo participación «en actos de corrupción, incluido el ofrecimiento de soborno a funcionario público e injerencia en procesos”.
Específicamente se lo implica en un ofrecimiento de soborno «de más de un millón de dólares a un oficial público acto, consistente de actividad corrupta”, hecho en el que está también involucrado el director Juan Carlos Duarte.
Tras esto, la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñonez había solicitado un análisis técnico-jurídico sobre la existencia de hechos con relevancia penal, que puedan derivar a una apertura de investigación contra el vicepresidente Velázquez, esto tras ser declarado «significativamente corrupto» por el gobierno estadounidense.
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