03/03/2024

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Fiscalía adjunta apela extinción de la causa Caja Bancaria

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La fiscal Adjunta Patricia Rivarola presentó ante la jueza Cynthia Lovera el recurso de apelación general contra el sobreseimiento definitivo y extinción de la causa conocida como Caja Bancaria.

El recurso fue presentado contra el A.I. N° 511 del 14 de junio de 2023, resuelto por el Juzgado Penal de Garantías n.° 3 de la Capital, en el cual no se hace lugar al al Dictamen N° 04 remitido por la Fiscal Adjunta Patricia rivarola por medio del cual requirió Sobreseimiento Definitivo de los imputados y se declara la Extinción de la Acción Penal de la causa y sobreseimiento definitivo de José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Dominguez, Ángel Ramón Chamarro Ortiz y Xavier Hamuy Campos Cervera y en consecuencia declara la Extinción de la Acción Penal de la causa.

Rivarola sostiene que, entendiendo la naturaleza verticalista del Ministerio Público, el espíritu de la normativa prevista en el art. 358 del C.P.P. es que ante el desacuerdo del Juez Penal de Garantías con el requerimiento conclusivo presentado por el fiscal actuante, remita los autos al Fiscal Adjunto para que acuse o ratifique el pronunciamiento del fiscal inferior.

Explica que esto significa que el Fiscal Adjunto puede optar entre acusar y ratificar lo actuado por su Fiscal inferior, pero si ninguna de esas alternativas resulta aceptada por el Fiscal Superior, nada impide que solicite otros actos conclusivos previstos en la normativa del art. 351 del C.P.P., dado que de lo que se trata es obtener del órgano de acusación una postura en este momento procesal previo a la audiencia preliminar y apertura a juicio.

Refiere que la resolución hoy recurrida, se encuentra infundada porque su contenido es ilegítimo, puesto que el juzgado ha realizado una interpretación literal del art. 358 del C.P.P. desprovista del análisis histórico, sistemático y teleológico necesario para descubrir el sentido real de la norma.

Esta no es la finalidad de la norma, la que no puede ser entendida e interpretada literal y restrictivamente, en desmedro de la esencia misma del sistema acusatorio, pues se corre el riesgo de decisiones absurdas, no razonables y arbitrarias.

Los factores de «irracionabilidad» de una resolución judicial pueden ser múltiples. En el caso particular, el Juzgado Penal de Garantías no ha aplicado correctamente la ley procesal penal, brindando una solución a todas luces injusta y restringiendo las facultades constitucionales y legales del Ministerio Público.

Reafirma que la resolución recaída en el Juzgado Penal de Garantías no contiene el requisito esencial previsto para una decisión judicial, cual es la fundamentación de lo resuelto de conformidad a la Constitución Nacional y a la ley aplicable al caso concreto, además de ser contraria a la postura actual de la Salas Penal y Constitucional como fuera explicado anteriormente.

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