Los fiscales Federico Delfino y Lorenzo Lezcano sostuvieron en sus alegatos finales que corresponde una pena de 25 años de cárcel para Laura Villalba, conocida como la enfermera del EPP, con el agregado de 8 años de medidas de seguridad. Para dicha representación se ha probado plenamente la participación de Villalba en hechos como terrorismo, a partir del varios elementos expuestos en juicio.
En entrevista a El Observador, ambos agentes dieron detalles sobre los elementos recogidos a lo largo de la investigación contra Villalba y que fueron sustentados en juicio oral por los hechos punibles de asociación terrorista, homicidio doloso en grado de tentativa, resistencia, producción de riesgos comunes y detentación.
En ese sentido, detallaron que a lo largo de las audiencias orales, tanto las testificales y evidencias recogidas refuerzan la tésis fiscal sobre el rol que desempeñó Villalba en el grupo criminal .
Las evidencias fílmicas y fotográficas la muestran en uno de los campamentos, recibiendo instrucción en combate e incluso para la fabricación de explosivos que fueron utilizados en diversos hechos en la Región Oriental, especialmente el atentado que le costó la vida a 8 miembros de la FTC en una brutal emboscada con bomba en agosto de 2016
Precisamente, al momento de su detención, en poder de Villalba se halló dinero en efectivo y armas varias pertenecientes a los criminales muertos en diversos enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Antecedentes
Laura Villalba fue capturada el 23 de diciembre de 2020 en la zona del Cerro Guasu, departamento de Amambay, por miembros del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI).
En poder de la mujer fueron incautados dinero en efectivo (dólares y guaraníes), así como documentos de identidad de dos menores de edad, quienes serían hijas gemelas de Carmen Villalba y Alcides Oviedo, también varias tomas fotográficas impresas plastificadas de menores de edad, imágenes satelitales y cartográficas del Cerro Sarambi, Cerro Guazú y Estancia Cagatá, ubicados en la zona limítrofe entre los departamentos Concepción y Amambay, zona de influencia del EPP.
El conocimiento de la desaparición de la menor se dio luego de un enfrentamiento entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) e integrantes del EPP, el 20 de noviembre de 2020, también en las cercanías del Cerro Guasu. La adolescente sería hija de Carmen Villalba y Alcides Oviedo Brítez, pero reconocida legalmente por Myriam Villalba.
Para la Fiscalía, Villalba formaría parte del esquema del EPP que permite que los menores nacidos en campamentos sean llevados hasta la Argentina para posteriormente ser ingresados como soldados del grupo criminal.
