30/03/2023

Fiscalía indagó de inmediato cuando EE.UU. acusó a Velázquez de un intento de soborno

Compartir:

El 12 de agosto pasado, el embajador de los Estados Unidos en nuestro país, Marc Ostfield, en conferencia de prensa, anunciaba que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, había sido declarado “significativamente corrupto”. Le atribuyó un intento de soborno de US$ 1 millón a un funcionario público para supuestamente frenar una investigación en su contra.

Ese mismo día, por resolución N° 3194, la fiscal general Sandra Quiñonez, ordenó la apertura de una investigación y conformó un equipo de fiscales integrado por Osmar Legal y Liliana Alcaraz.

En el considerando de su decisión, señaló que ese 12 de agosto, recibió las conclusiones del análisis técnico-jurídico de la Dirección de Delitos Económicos que recomendó abrir una causa.

Quiñónez enfatizó en el documento, que “el Ministerio Público debe adoptar las medidas oportunas para llevar adelante la persecución de los hechos punibles de acción penal pública”.

El 26 de enero pasado, Ostfield, anunció sanciones financieras a Velázquez y al expresidente, Horacio Cartes. Sindicó a ambos políticos del Partido Colorado, de estar implicados en sobornos y presuntamente vinculados con el grupo terrorista Hezbollah.

Por otro lado, hasta anoche se desconocía si la fiscala general ordenó o no la apertura de una causa penal con base al nuevo anuncio del embajador. Lo que se sabe es que Quiñónez se tenía que reunir con fiscales de su primer anillo. Sin embargo, se desconoce el resultado del encuentro, ya que la información con relación al caso se maneja con mucho hermetismo.

 

Resolución del caso Velázquez

 

Por resolución número 3194 del 12 de agosto de 2022, la fiscala general Sandra Quiñónez ordenó la apertura de una investigación penal al vicepresidente de la República y un equipo de trabajo de agentes fiscales especializados, integrado por Liliana Alcaraz y Osmar Legal.

Quiñonez hizo referencia a un memorándum DGE N° 545/2022 de la Dirección del Gabinete Ejecutivo del 12 de agosto. El documento hace referencia a la nota UDEA/LD/FT N° 482 de la Fiscalía Adjunta de las Unidades Especializadas de Delitos Económicos y Anticorrupción, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo del Ministerio Público, respecto de las conclusiones del análisis técnico-jurídico realizado por la Dirección de Delitos Económicos a pedido de la Fiscal General, con relación a la información surgida a partir de la conferencia de prensa brindada a los medios periodísticos, el día 12 de agosto del corriente año, por la embajada de los Estados Unidos de América, sobre hechos que pudieron resultar de relevancia penal en el ámbito penal.

La Dirección de Delitos Económicos emitió el dictamen DDE N° 87/2022, en atención a las manifestaciones brindadas respecto de actos de corrupción significativos, específicamente un ofrecimiento de soborno de más de un millón de dólares americanos a un funcionario público, realizado a pedido del vicepresidente Hugo Velázquez, a través del señor Juan Carlos Duarte; en consecuencia, recomendó la apertura de una investigación en sede fiscal.

El Ministerio Público es el encargado de impulsar la investigación penal y dirigir la acción penal pública; a esos efectos arbitrará todos los medios necesarios para reunir los elementos de convicción en los casos que corresponda.

En ese marco, el Ministerio Público debe adoptar las medidas oportunas a fin de llevar adelante la persecución de los hechos punibles de acción penal pública previstos por la ley 1160/1998 “Código Penal” y sus modificaciones, en concordancia con el artículo 18 del Código Procesal Penal, respecto de la apertura de la investigación de oficio.

En el artículo 4 de la ley 1562/00 “Orgánica del Ministerio Público”, se prevé la unidad de actuación de esta institución, la define como: “única e indivisible”, sin perjuicio de la división interna del trabajo, la cual no afectará su fundamentación eficiente”.

Conforme con la autonomía funcional y administrativa del Ministerio Público otorgada por los artículos 266 y 268 de la Constitución Nacional; los artículos 1, 17, 49 y 50 de la ley 1562/00, corresponde ordenar la apertura de una causa penal para las investigaciones y el ejercicio de la acción penal pública, y a la vez conformar un equipo de trabajo para ese efecto.

En consecuencia, la fiscal general resolvió ordenar la apertura de una investigación penal a Velázquez y conformó el equipo de trabajo con los fiscales Liliana Alcaraz y Osmar Legal.

Artículos Relacionados