La Cámara de Diputados trata este miércoles una ampliación de G. 46.000 millones en el presupuesto del Ministerio Público. El millonario monto es para incrementar el sueldo de fiscales, asistentes y secretarios fiscales, peritos y directores administrativos. La Fiscalía tiene varios cuestionamientos.
En su nota a la Cámara Baja, el fiscal general del Estado Javier Díaz Verón dice que la ampliación de G. 46.925.357.291 permitirá «seguir con el desarrollo de las acciones estratégicas y así proseguir con el cumplimiento de las funciones constitucionales de representar a la sociedad y velar por el respeto de los derechos humanos».
¿El Ministerio Público realmente representa a la sociedad?. El trabajo de la fiscalía tiene muchos cuestionamientos, es por ello que se tiene que analizar detenidamente si corresponde o no otorgar la ampliación solicitada, que además será para el aumento salarial de algunos sectores, como el de los fiscales, funcionarios administrativos y peritos.
«El proyecto contempla el mejoramiento salarial de los funcionarios del Ministerio Público, principalmente de los funcionarios de carrera fiscal como ser asistentes fiscales y secretarios fiscales, con motivo del crecimiento de las tareas que desempeñan por el aumento de las causas ingresadas en las fiscalías y para quienes se plantea una adecuación salarial conforme al riesgo, la exposición al peligro, responsabilidad que involucra su actuación dentro del proceso penal. Asimismo, se solicita el incremento salarial del 10 por ciento para los agentes fiscales y fiscales adjuntos», dice la nota de Diaz Verón, para tratar de justiciar la ampliación de más de G. 46 mil millones, que se sacará de los impuestos pagados por la ciudadanía.
El titular del Ministerio Público también pide una «adecuación salarial» para los médicos forenses, peritos y sicólogos en áreas de Medicina Forense, Laboratorio Forense, Sicología Forense y otras dependencias de apoyo a la gestión fiscal para la acción penal. También se incluyó a los administradores profesionales.
El diputado Víctor González Segovia es el que se hace cargo del proyecto de ampliación, que es muy cuestionable desde todo punto de vista, atendiendo que no se sustenta en datos estadísticos el pedido de la Fiscalía General.
