El juicio oral y público a Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira y otros acusados por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid 19 continuará con la producción de más de 70 pruebas documentales por parte del fiscal de anticorrupción Jorge Arce.
La audiencia pública proseguirá mañana a partir de las 9:00 horas, en la causa en la cual también están investigados el despachante Carlos Gamarra y los funcionarios de Aduanas, Guillermo Molinas y Gustavo Acosta.
Actualmente el juicio se encuentra en la fase de producción de pruebas documentales ofrecidas por el Ministerio Público, que totalizan 74, y se encuentran culminadas las testificales por parte de la Fiscalía.
El fiscal Arce expresó que para el Ministerio Público está claro que Justo Ferreira dirigía una estructura delictiva para el ingreso al país, sin autorización, de mercaderías durante la pandemia del covid-19. Además señaló que la directora de DINAVISA del Ministerio de Salud, María Gamarra, en su declaración explicó que las 50 camas eléctricas ingresadas al país durante la pandemia no contaban con registro sanitario.
Asi también, en la declaración de Julio Fernández, director de Aduanas recordó que tras verificar que eran 450 camas las que llegaron, se liberó solo lo que formaba parte del contrato, es decir 400 y las restantes 50 (eléctricas) quedaron demoradas y se labró acta pero luego finalmente fueron liberadas debido a la presión mediática surgida por las muertes a causa del Covid-19.
Comentó que cuando estaba en compañía del presidente de la República, escuchó una llamada telefónica de la parlamentaria Rocío Vallejo que “le pedía al presidente de la República que aclare la liberación de las camas por la emergencia”.
Antecedentes
La acusación del Ministerio Público es contra Justo Ferreira Servín, en su carácter de apoderado de las firmas Insumos Médicos SA, Metaway SA y Glasgow SA, las cuales conforman las acciones de Insumos Médicos; Patricia Ferreira Pascottini, en su carácter de representante legal de Insumos Médicos; Carlos Alberto Gamarra, despachante de Aduana y contra Guillermo Andrés Molinas Camp, Gustavo Adolfo Acosta y Mario Joel Olmedo, funcionarios de la Dirección Nacional de Aduanas, a quienes se les atribuye porciones de hechos en función de sus participaciones de forma particular en la estructura delictiva construida por el Ministerio Público, que en este caso particular, consiste en la existencia de un esquema delictivo creado por los acusados para la comisión de una fraude contra el Estado paraguayo, sostiene la acusación que presentaron los fiscales Osmar Legal, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia.
“Este esquema delictivo se encuentra diseñado, a través del uso de figuras legales -administrativas, con el fin de lograr el ingreso irregular al territorio nacional de mercaderías que no cuentan con los registros correspondientes para su nacionalización y posterior comercialización”, enfatizaron los agentes del Ministerio Público.
En este caso concreto, explicaron los fiscales, que en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional declarada por el Estado paraguayo para la lucha contra la propagación del del Covid-19, el Ministerio de Salud convocó un llamado licitatorio identificado como “Adquisición Urgente de Insumos y Camas para Covid-19”, para la provisión urgente de insumos médicos y camas para contingencia de la Emergencia Sanitaria por la pandemia.
La firma Insumos Médicos SA, cuya representante legal es Patricia Ferreira, fue adjudicada por el Ministerio de Salud por un total de G 47.952.500.000, en fecha 3 de abril de 2020, para la provisión o entre de una lista de productos que se requerían de urgencia.
El ingreso irregular de estas 50 camas hospitalarias al territorio nacional, se originó desde que el despachante Carlos Alberto Gamarra, en nombre de la firma Imedic, inició trámites en fecha 16 de abril de 2020, en la cual se detallaban únicamente 400 unidades de camas hospitalarias y con fecha 16 de abril 2020.
Con la referida guía, se solicitó además ante la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria el Registro Sanitario y autorización para importar las 400 camas hospitalarias declaradas en la guía aérea.
El 18 de abril de 2020, al arribo de las mercaderías e insumos adquiridos por la firma, y los cuales iban a ser proveídos al Ministerio de Salud, los agentes intervinientes en el proceso aduanero procedieron a realizar la verificación de las mercaderías detalladas y declaradas en la guía aérea.
En ese acto de verificación, el personal de visturía de Aduanas detectó que efectivamente no eran solo 400 unidades de camas hospitalarias, tal como se declaró en la guía aérea HKGA008325, sino que había otras 50 unidades de camas hospitalarias, pero eléctricas de mayor valor, que no figuraban en la guía aérea, razón por la cual se procedió a dejar sentada la siguiente observación: con respecto al “sub ítem n: 001 que resultaron además (50) unidades de camas hospitalarias, modelo HP-E02”, según explicaron los fiscales en la acusación presentada.
La acusación fue presentada el 21 de enero de 2021 y además de los Ferreira fuero incluidos Carlos Alberto Gamarra González, Guillermo Andrés Molinas Camps y Gustavo Acosta Acosta.
