El Ministerio Público ya cuenta con la primera parte de los informes de auditoría sobre los juzgados de paz en el marco de la investigación encabezada por la fiscal Belinda Bobadilla. Así lo confirmó la representante de la Fiscalía, en entrevista con El Observador quien detalló que este viernes 31 de enero fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado los informes correspondientes a los juzgados de Catedral 1 y 2, San Roque y La Encarnación.
Estos documentos fueron entregados por la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia, luego de reuniones mantenidas con el Dr. Rodolfo Heyn, titular de dicha dependencia, y la Dra. Lilian Caballero, coordinadora de sumarios. Ahora se aguarda que la Fiscalía General los remita a la Unidad de Delitos Económicos para su análisis y la determinación de nuevas diligencias.
Sobre la investigación en curso, la fiscal interviniente indicó que el último detenido en la causa brindó datos clave, revelando quién le dio la orden y en qué consistía la misma. Con base en esta información y a la espera de otras diligencias en desarrollo, se tomará una decisión sobre su situación procesal.
Antecedentes
En el marco de la investigación por la “Mafia de los Pagarés”, un equipo de Auditoría de la Corte Suprema retiró al menos 10.000 expedientes de la firma Compañía Administradora de Riesgos S.A. (Carsa), los cuales estarían relacionados con la gestión de cobro de pagarés.
Estos documentos fueron hallados tras la declaración indagatoria de Iván Fernando Galeano Bernal, detenido el 29 de enero pasado. Según la pesquisa, el sospechoso habría retirado cajas y bolsas con expedientes del despacho de la ujier Ingrid Prette Goldenberg, del Juzgado de Paz de Recoleta. Su identificación fue posible gracias a grabaciones de seguridad del edificio Gómez de Castro, en Villa Morra.
El procedimiento fue encabezado por la fiscal Belinda Bobadilla y, tras la declaración del detenido, la firma Carsa decidió ponerse a disposición de los investigadores. Mientras tanto, la Fiscalía sigue aguardando informes de otras entidades, como la Contraloría General de la República, que podrían aportar más luz al caso.
