De los documentos ya remitidos por el IPS y los incautados por los fiscales, surgieron otras líneas de investigación, por lo que el Ministerio Público requirió más documentos al Instituto de Previsión Social y solicitará a otras instituciones. Por otro lado, ya declararon auditores de Contraloría que detectaron las irregulares denunciadas. Se habló del desvío de G. 1 billón entre el 2022 y el primer cuatrimestre de 2023. Al principio, se investigó lesión de confianza. Con base a documentos incautados y enviados por la previsional, se abre un abanico de posibilidades de otros hechos punibles, durante la gestión de Vicente Bataglia.
El Ministerio Público continua con las diligencias a partir de toda la documentación, que hasta el momento remitió el IPS, así como también otras instituciones. A partir de ahí se están requiriendo nuevas documentaciones, a partir de los hallazgos que los fiscales van constatando o algunos puntos que según la hipótesis pudo haber ocurrido y que también los datos que fundamentaron la denuncia ya se tienen algunas diligencias cumplidas, como la declaración de los auditores que realizaron el trabajo de la fiscalización especial a IPS, quienes también aportaron algunos puntos, algunos datos referentes al trabajo que realizaron y de la documentación que en su momento tuvieron a la vista; así como otras documentaciones también que en su momento no pudieron examinar y que también fueron requeridas al IPS y que en algunos puntos sí ya contamos con contestaciones y que también están siendo analizadas y valoradas en el todo. Hay muchos puntos que aún requieren de realización de más diligencias para poder esclarecer el hecho investigado, explicaron a El Observador fuentes cercanas a la investigación.
Los auditores explicaron que es una auditoría de cumplimiento, ellos estuvieron revisando cumplimiento de normativas de los documentos, resoluciones que regulan las actuaciones de ciertas dependencias del IPS, entre ellos el departamento de servicio administrativo, mantenimiento, transporte, etcétera. Entonces, ellos estuvieron viendo el cumplimiento de esas normas que regulan las actividades y específicamente de ciertos rubros dentro de la institución, como así también estuvieron explicando en qué consistió su trabajo, qué documentación tuvieron a la vista y cuáles eran las documentaciones que se requerían en ese momento y que no pudieron ser examinadas, dijeron las fuentes.
“Lo que en la primera etapa estuvimos requiriendo a partir de la denuncia y también de otras diligencias y también de otros datos que nosotros pudimos obtener de todos los documentos, ya tenemos. A partir de ahora van surgiendo otras líneas de investigación, otras hipótesis, por lo tanto, seguimos requiriendo documentos del IPS como también así se va a requerir oportunamente a otras instituciones”, señalaron las fuentes con relación al sonado caso.
Los fiscales Jorge Arce, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, forman el equipo designado por el fiscal general, Emiliano Rolón para investigar el posible desvío.
El actual titular del IPS, Jorge Brítez había comunicado a la Fiscalía el resultado de una auditoría hecha por la Contraloría, a lo cual se sumó la denuncia realizada por el diputado Raúl Benítez y la senadora Kattya González.
