El Ministerio Público solicitó al juzgado la emisión de la orden de captura con fines de extradición para Zelma Riquelme, acusada por varios tipos penales desde estafa hasta apropiación, cuyo juicio oral debía iniciar a inicios de junio de 2023.
En contacto con El Observador, el fiscal Jorge Escobar detalló que el 9 de junio pasado las partes fueron convocadas por el presidente del Tribunal de Sentencia Oscar Rodríguez Masi, ocasión en que Zelma Riquelme, bajo patrocinio del abogado Ivo Giménez presentó un justificativo de incomparecencia al encontrarse en México y había perdido un vuelo por complicaciones de embarazo. “Sin embargo, al Tribunal no le satisfizo esta comunicación y ordenó su rebeldía”, expresó el agente.
“El abogado dijo que su defendida quería someterse al proceso y demostrar su inocencia, pero hasta la fecha nunca ha presentado otro escrito justificando para ponerse a disposición, tampoco vino a entregarse, por eso el Ministerio Público consideró pertinente después de un lapso prudencial presentar el pedido de captura internacional ya que tenemos convenio de extradición con México”, añadió.
Dicha solicitud ya fue remitida al juez Rodríguez Masi, con el cumplimiento de los requisitos de fondo y forma establecidos en el formato establecido por la Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio Público a cargo del fiscal Manuel Doldán.
Eso hemos presentado al presidente del Tribunal para que pueda expedirse sobre la orden de captura internacional, nosotros tenemos la orden de rebeldía a nivel local, pero no fuera de las fronteras, por eso el Ministerio Público solicita al juez que pueda ampliar la orden de detención hasta México, país con el que existe convenio bilateral de extradición”
“Una vez emitida la orden internacional, el Ministerio Público solicitará vía diplomática la extradición de la compatriota”, explicó.
Riquelme es requerida en el marco de la acusación por presunta manipulación documental, en los que hacía figurar préstamos a terceros, quienes denunciaron que sus firmas no correspondían, ni tampoco han recibido crédito alguno.
Producto del presunto accionar de la acusada, la firma denunciante sufrió un perjuicio patrimonial superior de los G 650 millones.
