Al agente del Ministerio Público Giovanni Grisetti se refirió al caso del juez Néstor Arévalo Zorrilla, quien soporta proceso por cohecho pasivo agravado y al cual se pretende agregar a los exdirectores de penitenciarías de San Pedro y Ciudad del Este.
Se trata de Wilfrido Peralta y Alberto Orilla, quienes ejercían los máximos cargos dentro de los mencionados reclusorios del interior del país y quienes aparentemente articularon los mecanismos para el traslado irregular de Ángel Tranquilino Giménez, hasta la Granja de San Pedro.
El juez Arévalo fue acusado por cohecho pasivo agravado, frustración de la persecución y ejecución y para quien se solicitó juicio oral para finales de octubre. Así también se pidió que sean incluidos ambos exdirectores bajo los mismos tipos penales, por una cuestión de concentración, celeridad y economía procesal se pretende un solo juicio para los tres, explicó el agente en contacto con El Observador.
Se prevé que el juicio se desarrolle en Asunción en virtud a la acordada que fija la capital como sede para casos de corrupción atribuidos a funcionarios de Gobierno.
El agente del Ministerio Público dijo contar con numerosos elementos para sustentar la tesis de la Fiscalía, como pruebas documentales como la orden de traslado, correlación de fechas, extracción de comunicaciones entre otros.
Los antecedentes del caso revelan que el 16 de junio de 2019, como consecuencia de un enfrentamiento entre dos grupos de personas privadas de su libertad, que derivó en la muerte de once reclusos, las autoridades realizaron un control y tomaron conocimiento de que detrás de la Penitenciaría Regional de San Pedro y fuera del perímetro de seguridad funcionaba una “Granja”. En la misma, se encontraban reclusos que tenían elevadas condenas, lo cual motivó una denuncia del entonces ministro de Justicia, Julio Javier Ríos en contra del director Regional de San Pedro, Wilfrido Quintana Parodi y otras personas.
Las averiguaciones permitieron corroborar irregularidades en el traslado de los reclusos con altas penas, quienes se encargaron de la construcción de la “Granja”, que equiparon con todas las comodidades y desde donde se desplazaban sin ningún problema.
Uno de los favorecidos era Ángel Tranquilino Giménez, quien cumplía una condena de 21 años en la cárcel de Ciudad del Este por el hecho punible de tráfico estupefacientes.
