Varias nucleaciones que representan a trabajadores de prensa y reporteros gráficos expusieron su inquietud por los recurrentes casos de censura a la labor informativa, como forma de amedrentamiento que busca coartar el ejercicio del periodismo.
La abogada Alejandra Peralta, acompañó a comunicadores que víctimas de ataques que van desde la censura e incluso amenazas, provenientes de personas ligadas a los poderes del Estado y que incluso acuden a la justicia para evitar publicaciones en medios de comunicación.
A través de la convocatoria se pretende dar a conocer la inquietud de los diferentes gremios, sindicatos de protección a periodistas y trabajadores de la prensa en relación a los hechos que se fueron dando de manera individual en la casuística y en los cuales se impuso censura judicial a trabajadores de la prensa y a medios de comunicación.
“”La abogada estuvo acompañada por la periodista Mabel Portillo y el periodista Alfredo Guachiré, para relatar casos de amedrentamiento, hostigamientos que han recibido en el ejercicio de su profesión y por la difusión de información de interés público, “este problema recurrente en Paraguay con la mala aplicación de la ley 5777 de protección a las mujeres contra toda forma de violencia generando hechos de censura y eso es lo grave y venimos en esta ocasión en nombre de los gremios que se han adherido a esta problemática”
“La Asociación de Reporteros Gráficos del Paraguay, el Sindicato de Periodistas del Paraguay la Asociación de Comunicadores del Paraguay y los abajos firmantes que son personas individuales han recibido amedrentamiento, ante los casos de censura, amedrentamiento, amenazas y hostigamientos realizados a trabajadores y trabajadoras de la prensa, medios de comunicación y personas independientes que ejercen su libertad de expresión, manifiestan su profunda preocupación por la mala utilización de la ley 5777-16 de protección a la mujer contra toda forma de violencia como herramienta de censura a través de las medidas de protección. ”
“Instamos al Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia a que emita alineamientos o orientaciones para la correcta aplicación de la ley, evitando la discrecionalidad que acarrea arbitrariedades, recordando la obligación del Estado a través de los órganos jurisdiccionales de respetar y garantizar el derecho constitucional de libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo, así como los estándares interpretativos del sistema interamericano de derechos humanos respecto a la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información pública. ”
“Alentamos a los trabajadores de la prensa a seguir ejerciendo sus labores sin temores, denunciando los casos de corrupción, hostigamientos, amenazas, amedrentamientos y todas las formas de violencia contra los y las trabajadoras de la prensa y los medios de comunicación. Solicitamos a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, al Jurado EnJuiciamiento de Magistrados y al Consejo en la Magistratura a tomar en cuenta los casos de censura directa que han tomado Estados Públicos como los casos de la periodista Mabel Portillo, Alfredo Guachiré, Christian Chena, el medio digital RDN, entre otros, así como los casos en los cuales el uso del derecho penal ha sido utilizado como amedrentamiento y censura indirecta a través de las figuras de la difamación y la calumnia cuando lo que se debate son expresiones de interés público. ”
“Estas situaciones ponen en riesgo los derechos fundamentales para la democracia que deben ser garantizadas por el Estado, ya que el mismo se constituye responsable por las violaciones, sea por acción, por omisión o por aquiescencia, es decir, cuando se permite que las violaciones se sigan cometiendo sin tomar los recaudos correspondientes para garantizar los derechos conculcados.”
A su vez la Sociedad de Comunicadores del Paraguay se adhiere a las iniciativas para denunciar la mala utilización de la ley 5777-16 para atentar contra el derecho a la libre expresión e información garantizados por la constitución nacional.
“La ley 5777 de protección integral contra toda forma de violencia y el decreto 6973 son herramientas jurídicas sin precedentes para garantizar la integridad de las mujeres y las niñas. Un protocolo de acción interinstitucional actualizado en diciembre del año pasado permite a las instituciones del estado accionar en conjunto para garantizar sus vidas.”
“Solicitamos a la justicia estar atenta a las garantías de libertad para el ejercicio del periodismo y la comunicación y tomar las medidas necesarias” señala el comunicado.
