Entre los años 2015 y 2021, se comisaron bienes por más de US$ 20 millones y se incautaron por más de 400 millones de dólares a las organizaciones criminales. Estas fueron, entre otras, las cifras presentadas por el Ministerio Público durante la evaluación hecha al país por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, GAFILAT, según reveló la fiscala delegada de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, Liliana Alcaraz durante una charla con El Observador. Lamentó que el tema haya sido politizado por cuestiones de electoralismo. ¨No es correcto decir que una institución no cumplió, porque fue Paraguay el que ha sido evaluado”, añadió al abogar por el trabajo conjunto entre las instituciones encargadas de luchar contra el lavado de dinero.
Alcaraz explicó que se destacaron las modificaciones del Código Penal y la creación de la Senabico, como institución encargada de la administración de los bienes incautados y decomisados, la cual ejerce su actividad en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Agregó que también se resaltó el nuevo marco normativo respecto al procedimiento especial para el comiso, comiso especial y comiso autónomo de los bienes.
La fiscala manifestó que se tiene que entender que el Ministerio Público es el encargado del desarrollo de la investigación financiera-patrimonial a los efectos de identificar, localizar e inmovilizar los bienes muebles e inmuebles vinculados al o los hechos antijurídicos. ¨Por esta razón la Fiscalía solicita la aplicación de medidas cautelares tanto personales como reales¨, agregó.
El un objetivo principal en la investigación de conductas delictivas lograr el comiso, con lo cual se pretende la desarticulación económica, sobre todo vinculada a estructuras criminales, dijo.
Refirió que mediante la incautación de los bienes llevados adelante por el Ministerio Público se interrumpe la actividad delictiva, y los bienes son asegurados mediante su entrega a Senabico a los fines del proceso penal con las medidas cautelares solicitadas la justicia.
Los valores que fueron comisados, es decir que cuenta con sentencia de comiso en cualquiera de sus formas, son de US$ 20 millones aproximadamente, reveló la fiscala, quien agregó que estos fueron los datos entregados por el Ministerio Público.
En cuanto a los bienes incautados ronda la suma de 400 millones de dólares, puntualizó durante la conversación con El Observador.
La Corte y el Ministerio Público informaron sobre 28 sentencias sobre lavado de activo (artículo 196 del Código Penal) y 446 bajo el artículo 44 de la ley 1340/88, antidrogas. Los fallos indican que los involucrados en el o los hechos punibles fueron condenados a 7, 10, 14 y 23 años de cárcel, además del comiso de sus bienes.
¨A nivel de efectividad de la sanción debe ser considerado de manera conjunta el comiso con todas sus formas, incluido el comiso autónomo o comiso sin condena. Es decir, lo que se logra independientemente al proceso penal a una persona¨, explicó.
Financiamiento del terrorismo
Refirió que Paraguay inició 40 investigaciones de las cuales se judicializaron 12 causas penales por delitos de terrorismo y por financiamiento de terrorismo (se refiere al tipo penal de la ley 4024/2010, artículo 2° inciso 1° numerales 3 y 4). ¨Es de notar que hay causas en las que se investigan más de un hecho. El número de procesados es de 47 y varias de estas personas cuentas con condena, otras con medidas alternativas y sobreseimientos. El promedio de años de condena es de 16 por financiamiento y 19 por terrorismo¨, enfatizó la doctora Alcaraz.
Cooperación internacional
Paraguay, según la fiscala, atendió solicitudes de extradición, principalmente, de los países de la triple frontera, en razón de la obvia relación con los países vecinos respecto a conductas delictivas transnacionales.
El país, a través del Ministerio Público, brinda cooperación en forma oportuna a los demás países solicitantes, agregó.
Refirió que la fiscalía es la autoridad central de la mayoría de las Convenciones de Asistencia Mutua-Legal. Eso implica que el trámite de las solicitudes realizadas por autoridades extranjeras o por nacionales a las misma recae en el Ministerio Público.
Reveló que durante el periodo 2015-2021 se recibieron 883 solicitudes de Asistencia Mutua Legal (pasivas). De esta cifra, se finiquitaron 405; se cumplieron parcialmente 138 y están en trámite 340. En el mismo periodo, se tramitaron 260 solicitudes de Asistencia Mutua Legal, activas. Se finiquitaron 158 y 102 están pendientes.
Conformes
Alcaraz dijo que la institución está conforme y considera que fue preponderante la actuación del Ministerio Público en la lucha contra el lavado de dinero. ¨De los seis puntos analizados en cuatro hemos participado, pero vamos a aguardar el informe final”, acotó.
Para la fiscala no es correcto decir que una institución no cumplió, considerando que Paraguay fue el evaluado. ¨Nosotros vemos que todo esto en cuanto a Gafilat se está politizando un poco respecto de las presentaciones de distintos actores en los posicionamientos públicos¨, resaltó la agente del Ministerio Público.
Entendemos que esto es producto del electoralismo, pero como institución solicitamos que esto permanezca en el plano de lo que es un trabajo técnico y profesional de cada una de las instituciones. Eso es lo que nosotros solicitamos, porque si nosotros nos atacamos, nos peleamos, nada bien habla de lo que es la estructura. Tenemos que pensar en Paraguay. Estamos convencido de que se aprobó la prueba porque se trabajó en equipo, apuntó.
