La abogada Diana Maquilón Tamayo, coordinadora jurídica de la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación de la Corte Suprema de Chile, sostiene que se deben entregar “herramientas a los jueces/zas para que puedan incorporar la perspectiva de género, la comprensión completa del fenómeno de la violencia y de esta manera integrar el enfoque de derechos humanos, tanto en la valoración de la prueba como en el razonamiento judicial”.
“El objetivo es súper claro, es garantizar justicia eficiente y efectiva a las mujeres usuarias (del sistema de justicia) víctimas de violencia, porque actualmente hemos advertido cómo estas mujeres enfrentan revictimización, estereotipos de género y en muchas ocasiones justicia muy lenta o tardía”, expresó la experta en entrevista con El Observador, durante el seminario internacional “Construyendo igualdad: desafíos y estrategias para el acceso a la justicia”.
-El tema de su exposición en este seminario internacional.
“Yo voy a abordar precisamente el trabajo que está realizando el Poder Judicial Chileno para incorporar la perspectiva de género en toda la judicatura, particularmente y específicamente, para abordar los casos de violencia en razón de género contra las mujeres. Mi idea es poder presentar algunas de las herramientas que hemos desarrollado en ese sentido, desde el curso de formación obligatoria, cuadernos con directrices de buenas prácticas para incorporar la perspectiva de género y el enfoque de Derechos Humanos al momento de administrar justicia y redactar los fallos judiciales”.
-¿Cuál es el trabajo que está haciendo la Corte de Chile, en ese sentido?
“La Corte hace ya un tiempo asumió un compromiso por incorporar el principio de igualdad y no discriminación en todo el Poder Judicial; esto significó en el año 2015-2016, realizar un estudio de diagnóstico sobre como la institución debía abordar ciertas brechas y desafíos. A raíz de ello, se instaló una Secretaría Técnica que es una unidad estratégica al alero del pleno de la Corte Suprema para adoptar medidas, tanto en el ámbito interno y externo y es así como tenemos actualmente una política “igualdad de género y no discriminación” con cuatro ejes estratégicos. Uno de ellos, precisamente, es la violencia de género, y en ese sentido ahora estamos haciendo un trabajo coordinado con nuestra Academia Judicial, qué es la organización que por mandato legal tiene la obligación de formar y perfeccionar a los jueces y juezas del país y a partir de este año vamos a impartir un curso obligatorio, que va a abordar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género y el acceso a la justicia. Esto implica entregar herramientas a la judicatura para incorporar la perspectiva de género, la comprensión completa del fenómeno de la violencia y así poder incorporar el enfoque de derechos humanos, tanto en la valoración de la prueba como en razonamiento judicial y es un objetivo súper claro, que es garantizar justicia eficiente y efectiva a las mujeres usuarias víctimas de violencia, porque actualmente hemos advertido cómo estas mujeres enfrentan revictimización, estereotipos de género y en muchas ocasiones justicia muy lenta o tardía”.
-Usted me está diciendo que ese curso, esa formación es obligatoria para los jueces, y la importancia de todas esas disposiciones, del trabajo que ustedes están haciendo dentro de la judicatura ¿cuál sería el efecto?
“Nosotros esperamos poder evaluar, pero en la práctica lo primero que buscamos es que los jueces y juezas y todos los operadores y operadoras puedan comprender la complejidad del fenómeno de la violencia. Es decir, entregarles herramientas para que tengan una comprensión, un abordaje al fenómeno, que logre ayudarles a comprender el fenómeno de la retractación, el desistimiento, la difícil situación en la cual se encuentran las mujeres y particularmente algunos fenómenos como son la interseccionalidad. Es decir, que es distinto cómo afecta la violencia… y así al momento de conocer un caso, puedan leer el contexto, las características de las partes y tomar una decisión que permita brindar una protección efectiva a esas mujeres, conforme a las obligaciones internacionales que adquirió el Estado de Chile, tanto por la convención de Belem do Para como por la Cedaw (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer).
-Y esa comprensión por parte de los administradores u operadores de justicia, ¿se hace difícil todavía hasta ese momento?
“Sí, hemos advertido a través de distintos estudios, nosotros contamos con estudios técnicos que han analizado la ruta que siguen las mujeres al interior de los tribunales y alguno de los hallazgos que hemos encontrado fue que todavía existe desconocimiento de los estándares internacionales aplicables, todavía advertimos una brecha al momento de aplicar la perspectiva de género, la interseccionalidad y el enfoque de derechos humanos en los casos. Por lo tanto, entendemos que este tipo de cursos, de herramientas van a ayudar a que la respuesta judicial sea más completa e integral particularmente para mujeres víctimas”.
-El trabajo de la Corte en los diferentes países, entonces por lo que usted nos está explicando, es fundamental en ese sentido.
“La Corte Suprema no solo la chilena, sino distintas cortes de la región, de los 2000, han tomado medidas concretas para incorporar la perspectiva de género en sus instituciones y sin duda este tipo de instancias, como este seminario, nos permite compartir buenas prácticas, compartir herramientas que ya están funcionando y que podrían también ser aplicables acá en Paraguay”.
-Para que podamos entender finalmente, ¿el efecto de esa violencia es tanto en la mujer? Porque no se comprende mucho y así como usted dice, como estaba explicando en el seminario, muchas veces los operadores de Justicia se encuentran con el desistimiento de la denuncia y dice bueno no queremos, como escuchamos incluso la propia Defensora General que dijo que cuando uno de los defensores era asistente fiscal no quería tanto hacer la investigación, porque finalmente la mayoría de las mujeres desistían de esa denuncia.
“Yo creo que ahí das en un punto clave, comprender el fenómeno de la violencia implica también entender sus efectos, aquí la violencia se manifiesta de distintas formas, puede ser violencia física, psicológica, sexual, económica; estas son mujeres que mantienen un vínculo con el agresor, ya sea porque es su expareja o es su pareja, o es el padre de sus hijos, puede que sea su sostén económico y por lo tanto, no es poco común que en algunas situaciones, a pesar de denunciar posteriormente existe una retractación por miedo a represalias de la pareja, porque también se mantiene un vínculo afectivo. Eso requiere un abordaje que no va solamente desde los jurídico, sino desde lo psicosocial e implica conocer cómo funciona la violencia y esto se ha explicado a través de distintos modelos como una rueda del poder, el ejercicio del poder o el modelo ecológico donde hay que ir a un contexto que va más allá de la situación personal sino también en un contexto social y cultural, donde los estereotipos, la normalización de la violencia, también inciden, la actitud que tienen las mujeres al momento de acudir a la justicia.
-Un mensaje o una recomendación.
“La recomendación sería seguir profundizando estas instancias y generar espacios obligatorios de capacitación y formación para todos los operadores y operadoras de Justicia, tanto, jueces y juezas; pero también fiscales, fiscales, defensores y defensoras públicas.
