El doctor Guillermo Duarte Cacavelos, quien representa a los anteriores integrantes de las comisiones directivas del Colegio de Escribanos del Paraguay, dio su declaración sobre la condena al Colegio de Escribanos a abonar a la Corte Suprema de Justicia la suma de más de 40 mil millones de guaraníes.
“El punto aquí es que esta demanda fluyó y se hizo lugar en tiempo récord porque la nueva administración y consejo directivo del Colegio de Escribanos del Paraguay presidido por el escribano Jorge Miller Donna, cambió a la asesoría jurídica del Colegio que estaba representada por Marcelino Gauto Bejarano por el abogado Claudio Gaona”, explicó. Señaló que esta nueva directiva, con este nuevo abogado, fueron quienes se presentaron a allanarse a la demanda de rendición de cuentas de la CSJ.
Duarte Cacavelos, quien representa a Ana Manuela González Ramos y al escribano Roberto Escobar, expresó que se allanaron a una deuda que ellos consideran que no existía, una pretensión inexistente. “Es una obligación de dar sumas de dinero que no tenía una fuente legal, pero lo peor es que se allanaron a un pedido de 23 años. Aunque hubiese existido una obligación, jamás puede estar vigente una obligación de 23 años atrás, por la prescripción”, acotó.
El abogado sostiene que denunciaron por lesión de confianza a las personas que hicieron de este allanamiento un proceso civil, ya que con ese allanamiento, la obligación que no existía, por la reglas del Código Procesal Civil, se hizo existente. La denuncia penal está siendo llevada adelante por la fiscal Marlene Gonzalez.
Ejemplificó diciendo que “si yo te reclamo a vos 100 millones de dólares y no tengo ningún papel para reclamarte, pero vos venís a reconocer, se traba la litis, homologando que vos reconociste que debes 100 millones de dólares”.
La acción consiste en el tema de la venta de los papeles notariales, los libros, los registros, que anteriormente dependía del Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda, por que era como un impuesto. Ante la entrada en vigencia de la Ley 125/91, ley del IVA, esto quedó sin efecto, se eliminó este tributo y quedó en el limbo el tema de los papeles notariales y pasó a mano de la CSJ, la administración de la otorgamiento de los registros para los escribanos y demás, y en consecuencia también pasó a mano de la corte la administración de los papeles.
El doctor afirmó que la Corte no tenía facultad legal de crear un tributo, pero lo que hicieron es sacar una acordada donde le establecen al Colegio de Escribanos, que le concedían el manejo de los registros pero le exigían que el 70 % de lo que se recaude vaya para la CSJ y el 30 % para el Colegio.
Señaló que esta acordada del 99, quedó sin efecto por otra acordada de la Corte del mismo año, hasta que en el 2014, que vino nuevamente el doctor Raul Torres Kirmser a refutar esta “obligación” de entregar el 30 % a la CSJ, la cual quedó sin efecto de facto, ya que se venían planteando recursos de reconsideración y discutiendo con la Corte que era imposible, ya que del costo que se recaudaba por la venta de los registros, papeles y libros solo quedaba 5 a 8 % de rentabilidad, y el resto se consumió en el los gastos que llevaba el control adecuado y la producción de estos papeles.
“Si hay algo que hay que reconocer es que el Colegio de Escribanos llevó registrado hoja por hoja a quien se le vendía y cuando recibía nuevamente los registros”, sentenció.
Argumentó que este registro es sumamente importante para la seguridad jurídica, y sirvió como fuente sustancial de colaboración en las investigaciones de los hechos punibles para el Ministerio Público.
“Nosotros ya investigamos y nunca formó parte del presupuesto general de la Corte ingresos por venta de materiales notariales, por lo que no puede formar parte de su patrimonio”, recriminó.
Asimismo señaló que todo esto fue así hasta que llega Alberto Martínez Simón a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y llega Miller a la presidencia del Colegio. “Alberto Martínez Simón propicia una demanda de la Corte al Colegio, sobre rendición de cuentas del 70 %, y ahí, viene Juan Carlos Gaona con un poder especial del Colegio de Escribanos a allanarse a esta rendición de cuentas, no solo en general, sino en particular en un periodo que va desde 99, con lo cual se genera estos 40 mil millones, por lo que hoy la Justicia le condena al Colegio a entregar a la CSJ, lo que supone la muerte civil del Colegio”.
“Yo creo que Alberto Martínez se quedó sin presupuesto en la pandemia y en la búsqueda de donde podía sacar plata, encontró esta posible fuente de recaudación, y el mismo, a mi criterio propició que la contraloría entre a auditar el Colegio” reclamó. El abogado mencionó que el Colegio al ser un ente privado no puede ser sujeto de auditoría.
Finalizó diciendo que quienes votaron para que se allane, deben hacerse cargo de la deuda, ya que tienen la responsabilidad civil en el delito de lesión de confianza.
La Jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Quinto Turno de la Capital, Liz Carina Caballero de Sandoval hizo lugar a la demanda de rendición de cuentas por el período del 05 de mayo de 1999 al 26 de febrero del 2021, de la venta de materiales de uso notarial, que planteó la Corte Suprema de Justicia y condenó al Colegio de Escribanos del Paraguay a abonar a la Corte la suma de G. 40.455.626.413.
