El Tribunal de Apelación Primera Sala rechazó la recusación de Justo Ferreira y confirmó a los miembros del Tribunal de Sentencia, Elsa García, Yolanda Morel, Juan Pablo Mendoza y Miguel Ruíz. Vía libre para que se fije el inicio del juicio en la causa por contrabando. Bajo patricio de abogado y por derecho propio Justo Ferreira había recusado a los jueces, indicando que nunca se ha notificado la conformación del tribunal, existen pruebas que no han sido diligenciadas y son de relevancia para la resolución del caso, además, el Tribunal de sentencia pretende llevar adelante el juicio sin tener todas las pruebas para Juzgar, esto conlleva a una clara violación de las garantías y derechos procesales, finalmente sustenta su recusación en e1 art. 50 inc. 12) y 13) de1 C.P.P y solicito que los Magistrados sean apartados de la causa.
Los camaristas Gustavo Santander, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Fleitas indican en su resolución, “ en cuanto a la causal contenida en el inciso 13′ (cualquier otra causa, fundada en motivos graves que afecten su imparcialidad o independencia)’ como se ha sostenido en reiterados fallos, tal causal contemplada en la ley, refiere al fuero intimo o al sentir del Magistrado, en relación con una de las partes en el procedimiento, que le resten objetividad e independencia de criterios, en las cuestiones que le fueran planteadas en la causa sometida a su estudio y resolución, por lo que tal causal no podría ser invocada por las partes en la recusación, sino ser solo motivo de excusación por los Magistrados. En consecuencia, atendiendo a lo brevemente expuesto y a lo manifestado por las Juezas recusadas en su informe respectivo, se concluye que no se ha acreditado en forma clara y contundente casual alguna de excusación que justifique el apartamiento de las mismas en el entendimiento en la presente causa, por lo que se impone su rechazo”.
Justo Ferreira, su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de Imedic SA, respectivamente, quienes están acusados por el Ministerio Público por el delito de producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia del COVID-19. El Ministerio Público también acuso al despachante aduanero Carlos Gamarra y los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Adolfo Acosta.
