Unas 29 personas se suman a la lista de imputados en el marco de las movilizaciones convocadas por un sector político, que exigen la revisión de resultados de las pasadas elecciones generales.
El fiscal Alcides Giménez Zorrilla inició una investigación penal a simpatizantes del Partido Cruzada Nacional por perturbación de la paz pública, coacción, coacción grave, intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre, daño a cosas de interés común, resistencia y daños a obras construidas o medios técnicos de trabajo.
Se trata de Juan Gilberto Machuca, Diego Otoniel Rojas Villarreal, Gustavo Aníbal Acuña Giménez, Juan Gregorio Ricardo, Gregorio Oviedo Camacho, Claudio González Meza, Lucas Esteban Núñez Aponte, Aldo Enrique Martínez Medina, Emilio Javier Velázquez Gómez y Carlos Alberto Velázquez Gómez. La lista continúa con Junior González Fretes, Justo Javier Segovia González, Daniel Martínez Chávez, Fernando Argüello, Juan Gabriel Duarte Ortega, Arnaldo Andrés Amarilla Brítez, Juan Ángel Acosta Martínez y Richard Rodrigo Duarte Cardozo.
Además, José Domingo Araujo Samudio, Vicente Ramón Vera Acosta, Rodrigo Frutos Duarte, Sergio Olmedo, Darío Andrés Paredes Ortiz, Carlos Antonio Sarabia Ramos, Jonhatan Andrés González Lezcano, Walter Junior Presentado Ortiz, Luis Miguel Benítez Benega, Juan Carlos Gutiérrez Meza y Víctor Gutiérrez Meza también fueron procesados.
De acuerdo a los indicios existen sospechas fundadas de que los ahora imputados cometieron los hechos punibles entre la noche del 5 de mayo y la madrugada del 6 de mayo, durante el cierre de la carretera, en el kilómetro 10 de la capital del Alto Paraná.
Los mencionados habrían intimado a los transeúntes mediante fuerza y amenaza, y también obstaculizaron el paso de vehículos. Igualmente, habrían roto el parabrisas delantero y el faro trasero de una patrullera policial, además de dañar parte de la chapería del vehículo.
Una vez que los agentes policiales se hicieron presentes en el sitio para dispersar a los manifestantes, estos pusieron resistencia arrojando objetos a los vehículos policiales, motivo por el cual fueron aprehendidos.
El fiscal Giménez solicitó la prisión preventiva para los Velázquez Gómez, considerando la gravedad de sus actos y el peligro de fuga existente, mientras que el arresto domiciliario se pidió para todos los demás procesados ante el Juzgado Penal de Garantías.
