27/05/2024

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Imputan a intendente de Arroyito por perjuicio de G. 700 millones

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El intendente de Arroyito, Samuel González Valdez, fue imputado por un perjuicio de más de G. 700 millones a la comuna, mediante el pago por obras no ejecutadas y otras que están inconclusas. El hecho punible que se le atribuye es lesión de confianza, con expectativa de pena de hasta 10 años de cárcel.

El fiscal Osmar Legal, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, imputó por supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza, al intendente González Valdez (en calidad de autor).

También fueron incluidos en el caso los funcionarios municipales, Estela González de Sánchez, Martín Dávalos Carmona, Claudio Bartolomé González; además de los contratistas Silvino Ortiz, Alen Elpido Cardozo y Lino Ozuna Fernández. Todos los citados están imputados en calidad de cómplices.

La investigación se circunscribe a la supuesta construcción de 5 obras para cuya financiación se habrían utilizado créditos presupuestarios del Objeto de Gasto 520 «Construcciones» provenientes de los fondos de Fonacide y Royalties, correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019 de la Municipalidad de Arroyito, departamento Concepción.

En dicho periodo, el intendente González habría suscrito contratos de obras para la construcción con fondos provenientes del Fonacide y de Royalties, de 8 obras, las cuales fueron, a su vez, objetos de verificación por parte de la Contraloría General de la República conforme la resolución Nº 637 de fecha 11 de noviembre de 2019.

Del total de las ocho obras fiscalizadas por los auditores de la Contraloría, se cuenta con indicios de que cinco de ellas habían sido abonadas conforme a los contratos, esto es verificable a partir de las actas de recepciones definitivas y de las órdenes de pagos respectivas, pero de las verificaciones in situ se desprende que las construcciones realmente no habrían sido ejecutadas, o habrían sido ejecutadas parcialmente en algunos casos.

En cuanto a la hipótesis delictiva planteada por esta representación fiscal, la misma consistiría en la existencia de un eventual esquema, a través del cual, en connivencia funcionarios municipales y contratistas, con su actuar en conjunto, habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 732.600.000, por medio de adjudicaciones para construcciones de obras que, en la realidad no habrían sido ejecutadas, o habrían sido realizadas parcialmente, y justificadas por medio de documentos administrativos que no reflejarían la realidad.

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