La fiscal Liliana Alcaraz allanó la sede de la Gobernación de San Pedro, a fin de recoger elementos relacionados a 2 denuncias de irregularidades con un un perjuicio patrimonial que supera los G 1.800 millones, que realizó la Contraloría General de la República tras la realización de una auditoría. El procedimiento inició en horas de la mañana y culminó a las 17:00 horas. La reasignación de Alcaraz a la Unidad Penal N°2 de la Fiscalía Barrial N°7 de Asunción, se dio en pleno allanamiento.
Según el documento, la auditoría abarca los meses de junio a agosto de 2018. La causa ingresó a la Unidad Especializada de Delitos Económicos a finales del año 2022.
La fiscal anticorrupción Liliana Alcaraz incautó documentos a los cuales no tuvo acceso la Contraloría al momento de su denuncia. Tanto el el gobernador interino Osvaldo Speranza junto con el asesor jurídico, colaboraron con todo lo requerido por la comitiva fiscal.
Se trata de dos causas relacionadas a la Gobernación de San Pedro, la primera con respecto al inventario de bienes de uso , ejercicio fiscal 2018 y los cuales no fueron encontrados, específicamente equipos de transporte , máquinas y equipos de construcción, tractores, incubadoras para huevo, entre otros.
La segunda causa está relacionada a una diferencia sustancial comprobada en la verificación de obras para aulas y baños en escuelas de la zona, ejecutadas con recursos del Fonacide.
Se observa una diferencia entre lo pagado y lo verificado, de acuerdo al reporte oficial.
Según el informe de la Contraloría General de la República el perjuicio patrimonial supera los G 1.800 millones.
