La interventora del Departamento de Ingreso Judiciales, Ana González Rivas, en un informe elevado a la Corte, reveló que la dependencia cuenta con 150 funcionarios y manifestó la “imperiosa necesidad” de reducir el plantel. En ese sentido, pidió que 30 funcionarios sean comisionados a otras dependencias en donde hay déficit de funcionarios.
La lista es la siguiente:
1) Oscar Epifanio Valdez Ruiz Díaz.
2) María Asunción Yegros G., que cuenta con una bonificación de G. 1.150.000.
3) Constancia Báez Fleitas.
4) Liz Nancy Cáceres; bonificación G. 1.000.000.
5) Teresita Bedoya Lataza de Arce.
6) Alberto Simón Velázquez; bonificación G. 1.150.000.
7) Daniel Karlik Satawer, bonificación G. 2.500.000.
8) Herminio Arias; bonificación G. 1.000.000.
9) Maura Esther Monges Rojas; G. 1.150.000.
10) Víctor Almada E., G. 1.000.000.
11) María José Burgos Guzmán.
12) Hilda Daniela Galeano Insfrán.
13) Cynthia Ozuna Ortiz.
14) Fernando Fernández; bonificación G. 1.500.000.
15) Cinthia Carolina Correa; G. 1.250.000.
16) César David Vera; G. 1.000.000.
17) César Ramón Benítez Vera; G. 1.150.00.
18) Virgilio Larrosa Lovera.
19) Antonio González Areco; G. 1.150.000.
20) Guillermo Vera Franco; G. 900.000.
21) Gabriela Rivarola Quintana; G. 1.000.000.
22) Fátima Lujan Andrada; G. 1.150.000.
23) Diana Sanabria Martínez.
24) Luis Alejandro Candida.
25) Allan Marcelo Espinoza.
26) Olga Mariela Rodríguez Maciel.
27) César Gustavo Martínez.
28) Francisco Javier Leguizamón; G. 400.000.
29) Eduardo Rojas Melgarejo.
30) Liz Carolina Pérez Franco.
Según el informe, el total de la bonificación que la Corte paga mensualmente a algunos de la lista totaliza la suma de G. 18.450.000.
La interventora propuso que las bonificaciones percibidas por los funcionarios cuyo comisionamiento solicitó, sean reasignadas parcialmente, por un total de G. 10.000.000, para los fiscalizadores, tanto del área jurisdiccional como registral, así como para los del área de gestión electrónica y otros de secretaría.
La reorganización de las remuneraciones adicionales permitirá a la Corte ahorrar G. 109.850.000 al año, de acuerdo al documento entregado a los ministros.
Una intervención en el Departamento de Ingresos Judiciales, ordenada en mayo pasado, resaltó un faltante de G. 1.759.923.561, en concepto de canon depositado por el Consorcio del Registro del Automotor a la Corte, correspondiente a los ejercicios 2019 y 2021. Esto ya fue detectado en una auditoría interna pero nunca se esclareció. Además, el Sistema de Ingresos Judiciales reporta un saldo no cobrado de G. 2.039.076.343 por multas impuestas a condenados. “No existió un control adecuado y un seguimiento de los pagos y del estado de las causas judiciales”, dice el informe. En exoneraciones de pagos a través del “perfil particular de liquidación” habría un daño de G. 553.376.905. Se estaría ante la posible comisión de hechos punibles y el caso fue enviado a la Fiscalía.
