En la fecha arrancó el segundo juicio oral y público al exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann, acusado por enriquecimiento ilícito, con la presentación de numerosos incidentes, entre ellos el de nulidad de la acusación.
Álvaro Arias, defensa técnica del exsecretario del JEM, presentó como primer incidente una inclusión probatoria, de requerir al Ministerio de Hacienda un informe sobre los aportes jubilatorios que fueran descontados del sueldo de su defendido en la función pública. “Es de vital importancia para la estrategia de defensa, ya que está acusado de enriquecimiento ilícito, para conocer con exactitud el dinero que retiró al momento de abandonar la función pública”, expuso.
El siguiente incidente también fue de inclusión probatoria, acerca de fotografías de la residencia familiar de su defendido. Explicó que esa propiedad es producto de una herencia y fue construida con anterioridad de la adquisición por vía de sucesión.
También solicitó, como inclusión probatoria, remitir un oficio a la revista de arquitectura Mandu’a, de construcción, para determinar el precio de los materiales de construcción en el mercado local durante los años 2013, 2014 y 2015.
Además solicitó la constitución del Tribunal y todas las partes al domicilio de Fernández Lippmann, “para que se pueda corroborar in situ las condiciones de su domicilio y determinar si se trata o no de una vivienda fastuosa”.
Otro de los incidentes presentados fue el de prescripción con respecto a evidencias en torno a dos propiedades adquiridas entre los años 2007 y 2013. “En la teoría del Ministerio Público, se alega que uno de los bienes a nombre de Fernández, es un inmueble situado en San Lorenzo, adquirido a nombre de su tía Esperanza Fernández Ayala. Esta transferencia se realizó el 28 de diciembre del 2011, es decir hace 12 años” por lo que acuerdo a la normativa, este tipo de hechos punibles prescriben a los cinco años, refiere.
También planteó el incidente de nulidad de la acusación, argumentando que fue acusado por una diferencia entre sus declaraciones de G 234 millones, sin embargo, en el informe de la Contraloría, que fue incluido con posterioridad a la carpeta fiscal se señala que “no hay enriquecimiento y que se corresponden sus bienes con respecto a lo declarado a la institución. Consideramos que la acusación no versa sobre lo investigado, hay un estado de indefensión violatorio a las reglas del debido proceso”, aseveró.
Por su parte, la fiscal Victoria Acuña se allanó a todos los pedidos de inclusión probatoria, n así al incidente de de prescripción, alegando que la causa se inició en el 2017 y de acuerdo a la normativa, para investigar el hecho punible de enriquecimiento ilícito, se analizan los 10 años previos a la denuncia, por lo cual solicitó que se rechace.
En cuanto al incidente de nulidad, aclara que la Fiscalía presentó acusación de acuerdo a la normativa vigente y recuerda que ya se llegó anteriormente a juicio – que fuera anulado -, se dio el trámite establecido en ley, por lo que solicitó también que sea rechazado.
El juicio prosigue el martes 28 de febrero, a las 13:30.
Raúl Fernández Lippmann y Cristian León Guimarães, están acusados por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Los dos habían enfrentado un juicio por este hecho, en el cual fueron absueltos de culpa y pena, pero tras una apelación planteada por la Fiscalía, un Tribunal de Apelación anuló dicha resolución al detectar errores en el proceso y ordenó la realización de un nuevo juicio oral y público.
