La jueza Isabel Bracho rectificó una resolución que impedía efectivizar el embargo preventivo a los bienes de un imputado por abuso sexual en niños, hermano de una agente fiscal. La querella cuestionó la actuación de la jueza Carmen Román, quien le había otorgado arresto domiciliario pese a la gravedad del caso.
Recién este este jueves se logró trabar el embargo preventivo a los bienes ofrecidos como fianza por el imputado por abuso sexual en niños, hermano de una agente fiscal, que fue beneficiado con arresto domiciliario. El trámite se concretó tras una rectificación judicial derivada de fallas detectadas en el proceso inicial, que impedían la anotación del embargo en los Registros Públicos.
La magistrada debió ampliar y corregir su resolución anterior, el AI N.º 695 del 25 de abril de 2025, luego de que la Dirección General de los Registros Públicos informara que no se cumplían los requisitos legales para inscribir el embargo sobre el inmueble ofrecido como garantía.
El bien afectado está ubicado en el distrito de Villa Elisa; registrado a nombre de ambos hermanos. El monto del embargo quedó establecido en G 240.000.000, distribuidos a razón de Gs. 120.000.000 por cada uno.
Como parte de la rectificación, se libró un nuevo oficio y se fijó una convocatoria judicial para el 12 de mayo a las 07:15, fecha en la que los propietarios deberán firmar el protocolo correspondiente para hacer efectivo el embargo preventivo.
Desde la querella se cuestiona la actuación de la jueza Carmen Román, quien anteriormente. por medio del A.I. N.º 546 del 1 de abril, sustituyó la prisión preventiva del imputado por arresto domiciliario, una medida considerada benevolente por los representantes legales de la víctima, considerando la gravedad de los hechos.
Finalmente, la jueza Bracho ordenó que se remita el nuevo oficio a la Dirección General de los Registros Públicos y se lleve adelante la firma del protocolo, dando así curso al embargo que había quedado en pausa.
