En julio del año pasado, la intendenta de Mbaracayú, Nancy Algarín Martínez denunció ante, la entonces fiscal general, Sandra Quiñónez, chantajes de fiscales ambientales y mencionó específicamente al fiscal Víctor Adolfo Santander.
La nota fecha el 12 de julio de 2022 y recibida en la Fiscalía General del Estado, el 14 de julio del mismo año, refería que en el Distrito de Mbaracayú, departamento de Alto Paraná, la ciudadanía manifestó le manifestó su preocupación con relación a intervenciones realizadas por el agente fiscal Víctor Adolfo Santander, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N° 3, Región II, Alto Paraná, a antiguos pobladores del distrito, “sometiéndoles a chantajes a los efectos de no realizar órdenes de allanamientos”.
Teniendo en cuenta la denuncia de los ciudadanos, la intendenta pidió la intermediación de Quiñonez, “a fin de pacificar a la población”.
Esta nota, fue agregada por el Colegio de Abogados de Alto Paraná, al escrito presentado al fiscal adjunto Jorge Sosa, en donde pidieron una auditoría a las unidades especializadas y urgente traslado de los fiscales de Alto Paraná por “coimas y aprietes”.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el 19 pasado, reasignó al fiscal Víctor Adolfo Santander, a cumplir funciones como titular de la Unidad Penal N° 4, interino de la Unidad Penal N° 2, así también para intervenir en los expedientes del área civil y comercial, de acuerdo con el sistema dispuesto que se encuentra vigente actualmente (de turno) y Denuncias por maltrato y actos de crueldad animal de la Fiscalía Zonal de Hernandarias, en reemplazo del fiscal Alfredo Acosta Heyn.
