El proceso conocido como “tapabocas de oro” es un ejemplo claro del sometimiento del Poder Judicial a los poderosos. A dos años y siete meses de la acusación aún no se pudo realizar la preliminar en la que se tiene que resolver si el expresidente de la Dinac, Edgar Melgarejo y otros involucrados, afrontan o no juicio oral. Los procesados se turnan para presentar incidentes dilatorios, a los cuales se suma que una Cámara de Apelación ya separó a dos jueces con argumentos risibles y que evidencian que hay una “mano negra” detrás de la causa. La impunidad irrita a la ciudadanía, que cada vez cree menos en la justicia.
La imputación por lesión de confianza fue formulada el 30 de abril del 2020, por los fiscales Osmar Legal, Alicia Sapriza y Federico Delfino, a raíz de sospechas por presuntas compras sobrefacturadas de mascarillas para funcionarios de la institución, medida sanitaria adoptada por la pandemia del Covid-19.
El caso se inició luego de publicaciones y críticas en redes sociales referente a los altos costos de los insumos adquiridos por la administración de Melgarejo de la Proyecto Global SA, que proveyó los tapabocas a G. 29.990 cada uno cuando el precio de mercado en ese momento era de unos G. 15.000. Como representante figuraba Katherine Pamela Toñánez Vera, quien en ese momento tenía solo 20 años.
Junto a Melgarejo fueron imputados el Gerente Financiero de la institución, Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Ovelar González, coordinador de la Unidad Operativa de Contrataciones, la gerente Administrativa Luz Chamorro y Fernando Gallardo, administrador del aeropuerto Silvio Pettirossi.
Por parte de la firma proveedora, fueron imputados Katherine Pamela Toñánez Vera y Carlos Alberto Franco Vargas.
Acusación
Los fiscales Juan Ledesma y Susy Riquelme presentaron acusación en abril del 2021, consolidando de esta manera las sospechas de sobrefacturación y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público y desde ese momento el caso atravesó por un desarrollo bastante dilatado. Según la acusación, la sobrefacturación causó un perjuicio de G. 119.960.000 a la Dinac, presida entonces por Edgar Melgarejo.
DILACIONES
Se realizó más de una docena de intentos de llevar adelante la au
diencia preliminar en esta causa entre el 2022 y 2023, siempre entorpecida como recusaciones al juez Miguel Palacios en septiembre del año pasado, quien finalmente fue apartado luego de que el Tribunal de Apelación en lo Penal Tercera Sala hiciera lugar a la recusación de la defensa de los acusados.
El 21 de noviembre del 2022 debía realizarse un nuevo intento, esta vez ante el juez Penal de Garantías, Raúl Florentín, pero la diligencia fue nuevamente suspendida a raíz de que los abogados Álvaro Arias y Sara Parquet debían asistir a juicios fijados con anterioridad.
Tras varios intentos fallidos, por fin la preliminar pudo realizarse el 10 de abril de este año, en la cual el fiscal Juan Ledesma se allanó al pedido de las defensas de los acusados quienes reconocieron el hecho y ofrecieron reparar el daño causado.
La jueza Diana Carvallo resolvió en esa oportunidad dar trámite de oposición al pedido a la fiscal Adjunta Soledad Machuca, quien solicitó elevación a juicio oral contra el extitular de la DINAC, Édgar “Beto” Melgarejo, rectificando el allanamiento del fiscal Juan Ledesma a la suspensión condicional.
Para el 13 julio fue fijada una nueva fecha de audiencia preliminar, la cual una vez más quedó suspendida el segundo día, debido a que la defensa de Melgarejo recusó a la jueza Carvallo, por haber rechazado todos los recursos de reposición planteados, durante la primera jornada de la audiencia preliminar.
La causa quedó en manos del juez Raúl Florentín, quien adoptó la decisión de sanear la audiencia preliminar y retrotraer las actuaciones hasta dicho acto procesal por el principio de inmediatez, debido la jueza Diana Carvallo había dado apertura a la audiencia preliminar el 13 de julio, pero no pudo continuar su desarrollo al día siguiente en razón de que la magistrada fue recusada y el Tribunal de Apelación, Tercera Sala, de la Capital, llamativamente hizo lugar a dicha recusación.
Una vez superada esta situación, las chicanas continuaron por parte de los acusados y sus defensas. El 21 de septiembre, prácticamente todas las defensas solicitaron la suspensión arguyendo compromisos fijados con anterioridad, por lo que la audiencia tuvo que ser reprogramada para el 9 de octubre.
Ese día, Melgarejo pidió la suspensión de la audiencia preliminar fijada para hoy, debido a que dio positivo a Covid-19 y cuenta con reposo de siete días.
El 30 de octubre, cuando todo estaba previsto para la realización, la defensa del extitular de la Dinac recurrió a una recusación minutos antes de la hora pactada, contra la fiscal Adjunta Soledad Machuca y a los agentes fiscales Silvio Corbeta y Natalia Silva, alegando que no tienen competencia en el caso.
El 21 de noviembre nuevamente por intermedio de las defensas quedó suspendida la audiencia preliminar, por superposición de audiencia de los defensores. El siguiente intento fue fijado para el 29 de noviembre.
Además de Melgarejo a Juan Carlos Turitich Báez, Marcelo Rubén Ovelar, Luz Chamorro Báez, Fernando Gallardo de Brix, Katherin Toñánez Vera y Carlos Vargas Franco, todos ellos imputados por lesión de confianza en el proceso de adquisición de insumos hospitalarios para hacer frente a la pandemia Covid-19.
