El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú remitió a la Cámara de apelaciones el informe correspondiente en el marco de la recusación de la causa que investiga a miembros de la empresa España Informática, que pertenece a Khalil Ahmad Hijazi.
En contacto con El Observador, el magistrado recordó que los acusados plantearon una recusación, lo que impidió la realización de la audiencia preliminar.
Sobre el punto, sostuvo que la defensa de los acusados no está conforme con lo que resolvió el juzgado a su cargo en referencia a dicha audiencia. “Justo al día siguiente estaba preparada la providencia, la citación que ya estaba fijada, una fecha para sustanciar ese requerimiento acusatorio. Esa providencia ya no pude firmar porque plantearon una recusación aduciendo términos realmente fuera de lugar por parte de la abogada”, dijo.
Mencionó que respeta el trabajo de la abogada defensora, sin embargo, considera “que puede hacer todos los reclamos, pero dentro del marco de la educación. Utilizó algunos términos un poco desacertados que hacen alusión a la persona”.
En cuanto al caso, actualmente se espera que la Fiscalía General se expida sobre el pedido de sobreseimiento definitivo solicitado a favor de Ibrahim Khalil Hijazi (hijo de Khalil Ahmad Hijazi) ya que, según la fiscal del caso, Estefanía González, este nunca formó parte de la citada compañía acusada de contrabando.
“Después de analizar los fundamentos formulados por la Fiscalía, que hacen referencia a un informe de la abogacía del tesoro, entre otras instrumentales, hemos observado una cantidad importante de documentos. El Juzgado no ha observado el informe de la abogacía del tesoro, en ese sentido entendimos que debía darse trámite para que el Ministerio Público pueda observar la actuación de la fiscal sobre el pedido de sobreseimiento”, precisó.
LAVADO DE DINERO Y CORRUPCIÓN
En su carácter de juez Penal de Garantías de Delitos Económicos, Otazú resaltó que nuestro país se encuentra bastante bien en materia de la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción. “Yo creo que estamos bien, porque desde la óptica del Poder Judicial nosotros operamos recién cuando tenemos un proceso, desde las investigaciones preliminares, como allanamientos. Generalmente, desde lo que yo he firmado, se han iniciado algunas causas. Desde ese momento el Poder Judicial entra a tallar para controlar, como dice nuestra máxima en materia de garantías, que se inicie un proceso dentro de las formalidades que la ley exige y que las personas que están siendo sindicadas, eventualmente pueda tener el derecho de ejercer ampliamente su defensa”, refirió.
En cuanto a la dilación en el avance de ciertas causas, el magistrado dijo que desde su experiencia “hay casos donde se entorpece el avance normal porque existen varios factores, como cuando hay una comunidad de imputados. Me ha tocado causas con 26, 27, 28 acusados y cada uno puede ir planteando incidencias, creyendo de que están en su derecho. Pueden plantear, de que sea procedente o no es otra cuestión. Esos son hechos que hacen que una causa pueda estancarse, pero en algún momento eso se destraba, es por eso que algunas causas tienen un ritmo distinto a otras”.
Puso como ejemplo la causa abierta contra el extinto senador Oscar González Daher. “Fue una de las causas que se tramitó dentro del marco del respeto, tanto del Ministerio Público como de la defensa. Se plantearon dos o tres incidentes a lo largo del proceso, y más de eso no pasó. Se hizo la preliminar en tiempo, fue a sentencia, se sacó una resolución. O sea, hay casos y casos, y también hay que ver cuáles son los abogados defensores”, expuso.
