El juez Osmar Legal autorizó al imputado con arresto domiciliario, Alexandre Reichardt de Souza, presunto implicado en esquema liderado por Jarvis Chimenes Pavão para el lavado de activos, a salir de su domicilio en PJC para trasladarse a Asunción, por cuestiones laborales. El fiscal de la causa se opuso a la salida.
La defensa del procesado por lavado de dinero en calidad de autor, cuenta con arresto domiciliario desde diciembre del año pasado y solicitó la libertad ambulatoria con el fin de participar de una reunión mañana miércoles, 24 de abril con un banco de plaza, relacionado a las deudas impagas de las empresas en las cuales es socio, Cerámica Itapopo SA e Itapopo Materiales de Construcción SA.
Para ello es necesario que se traslade desde Pedro Juan Caballero, donde actualmente reside, hasta Asunción, lo cual no puede materializarse ya que cuenta con arresto domiciliario. La defensa menciona que recientemente el magistrado le otorgó un permiso para poder desplazarse y participar de una reunión laboral.
Al respecto, el fiscal Osmar Segovia contestó que “esta circunstancia ya fue objeto de discusión en revisiones anteriores, donde se ha explicado que siendo una sociedad, de conformidad a nuestras normativas civiles, cualquiera de los socios puede representar una persona jurídica, igualmente la supuesta imposibilidad de los demás debe ser debidamente acreditada”.
Agregó que el arresto domiciliario no le impide realizar cualquier cita/audiencia por distintos medios telemáticos y además resaltó que desde el otorgamiento de tal cautela personal se ha presentado otras revisiones en donde le fueron rechazadas a la defensa. “A la fecha no ha surgido ningún nuevo elemento a favor del procesado que torne revocable la medida dispuesta, siendo improcedente esta petición. En este caso, conforme lo estatuye el último párrafo del artículo 250, la petición es notoriamente repetitiva”.
El magistrado sostiene en su resolución que no hay elementos nuevos de convicción que permitan concluir que se han desvanecido los fundamentos para el decreto del arresto domiciliario, quien además reside en una zona fronteriza, donde cumple la medida.
Sin embargo, consideró viable el otorgamiento de “un permiso especial” para que el procesado pueda salir de su domicilio y trasladarse a Asunción bajo custodia policial.
