El juez Néstor Ramón Arévalo Zorrilla, quien debe afrontar juicio oral por cohecho pasivo agravado, continúa impune en sus funciones. El magistrado, según la acusación del Ministerio Público, en junio de 2019, visitó en la Penitenciaría de San Pedro al condenado a 21 años de cárcel por tráfico de drogas, Ángel Tranquilino Giménez, para pedirle un adelanto de la coima que había acordado con el recluso a cambio de enviarlo a la “Granja”, ubicado detrás del penal, cuando reciba el expediente del juzgado de Ejecución de Asunción.
El sentenciado incluso comentó en mensajes con su abogado que entregó US$ 1.000 al juez como colaboración con su club y que además “en la fecha” le iba a dar US$ 2.000 como adelanto de la suma ya pactada. El caso de Arévalo Zorrilla es un ejemplo del “profundo deterioro” del Poder Judicial como manifestó el profesor doctor Juan Carlos Mendonca, en una entrevista con El Observar, en la que enfatizó que en una reforma constitucional “hay que declarar vacantes el Poder Judicial y la Fiscalía y empezar de cero”.
El juez Arévalo deberá afrontar juicio oral por cohecho pasivo agravado, como lo dispuso hace unas semanas. Sin embargo, continúa ejerciendo sus funciones de magistrado.
Los antecedentes del caso revelan que el 16 de junio de 2019, como consecuencia de un enfrentamiento entre dos grupos de personas privadas de su libertad, que derivó en la muerte de once reclusos, las autoridades realizaron un control y tomaron conocimiento de que detrás de la Penitenciaría Regional de San Pedro y fuera del perímetro de seguridad funcionaba una “Granja”. En la misma, se encontraban reclusos que tenían elevadas condenas, lo cual motivó una denuncia del entonces ministro de Justicia, Julio Javier Ríos en contra del director Regional de San Pedro, Wilfrido Quintana Parodi y otras personas.
Las averiguaciones permitieron corroborar irregularidades en el traslado de los reclusos con altas penas, quienes se encargaron de la construcción de la “Granja”, que equiparon con todas las comodidades y desde donde se desplazaban sin ningún problema.
Uno de los favorecidos era Angel Tranquilino Giménez, quien cumplía una condena de 21 años en la cárcel de Ciudad del Este por el hecho punible de tráfico estupefacientes. Sin embargo, Giménez consiguió su traslado a San Pedro gracias a la intervención del penal de CDE, Alberto Ramón Arrella Notario.
Es así que el recluso solicitó su traslado el 28 de marzo de 2019 por motivos de seguridad personal, alegando maltrato de otros internos. El 19 de marzo, se solicitó al director de institutos penitenciarios el traslado de Giménez a la penitenciaría de San Pedro, que se dispuso el 20 del mismo mes, documento que fue compartido, por vía whatsapp por Arellano Notario con el interno Giménez, incluso le pasó el número del director de la Penitenciaría de San Pedro, Wilfrido Quintana Parodi para que se comunique con él.
El 12 de junio de 2019, Giménez en conversación con su abogado defensor (contacto “Montenegro”), le comentó que vino a visitarle el “Señor juez”, quien le solicitó un adelanto de dinero para el viernes y considerando que será su juez, el recluso refirió que no había problemas en colaborar atendiendo que tampoco quiere fallarle; motivo por el cual le consulta si era viable o no entregarle la suma de tres mil dólares americano, monto de dinero que no incluye lo acordado con anterioridad.
El 13 de junio en una nueva conversación, Giménez le manifestó a “Montenegro”, que haría entrega de la suma acordada. Le contó que “el día de ayer” había entregado al juez de Ejecución, Néstor Arévalo Zorrilla, la suma de mil dólares, como un adelante del acuerdo al que llegaron una vez que su expediente tramitado en el juzgado de Ejecución de la circunscripción de Capital sea remitido a San Pedro, donde el citado magistrado le concedería su salida a la Granja.
“Con ello, el juez buscó arrogarse un beneficio indebido adicional, no autorizado por ley a cambio del ejercicio de sus funciones a sabiendas que el pedido formulado facilitaría libre movilidad del condenado, quien no podía ser beneficiado con dicha circunstancia tomando en consideración el tiempo al que fue condenado, de 21 años de pena privativa de libertad”, refiere la acusación.
Otro condenado a 26 año de cárcel que fue encontrado en la Granja es el interno Victor Brítez Aranda. Fue sentenciado por tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, asociación criminal y otros. También fue favorecido por el juez Arévalo, con un “cambio de sección” del pabellón donde se encontraba recluido a la Granja “El Porvenir”, lo cual fue resuelto por Auto Interlocutorio N° 450 del 3 de mayo de 2019, agregó la acusación fiscal.
Jurado solo lo apercibió
Néstor Arévalo había sido enjuiciado y suspendido por el Jurado de Enjuiciamiento. Sin embargo, pese a la gravedad del hecho cometido por el magistrado el JEM, en abril de 2021, solo lo apercibió. El ministro de la Corte, Manuel Ramírez Candia votó por la remoción y se adhirieron a su postura el diputado Hernán Rivas y Mónica Seifart. Jorge Bogarín Alfonso y el senador Fernando Silva Facetti votaron a favor del juez.
En la sesión estaban cinco miembros y no se reunía los votos para destituir a Arévalo. Ramírez Candia, para evitar la impunidad absoluta del magistrado cambió su postura por el apercibimiento y pidió a los demás que así lo hagan y apoyaron la propuesta, por lo que el enjuiciado apenas fue apercibo por el muy desacreditado Jurado.
