La Senabico había recibido en administración por orden del juez Osmar Legal, una estancia agrícola en el marco del proceso de Cooperación Internacional en el caso AMIA. El establecimiento pertenece a la firma Santa Felicidad, de la cual es accionista mayoritario, Hussein Mounir Mouzannar, uno de los procesados en la mencionada causa. Sin embargo, sospechosamente, la jueza de Presidente Franco, Cynthia Pineda, otorgó una medida cautelar en la cual prohibió el ingreso y permanencia de cualquier persona no autorizada por la referida agroganadera y el supuesto arrendatario recurrente, Marcio Antonio Nunes. El inmueble había sido entregado por Senabico a una persona que fue adjudicada con el alquiler.
La magistrada remitió ayer un oficio judicial Nº 03 a la Comisaría del distrito de Santa Fe del Paraná, departamento de Alto Paraná, para que haga cumplir la llamativa disposición adoptada y contraria a la que había ordenado su colega de Asunción, Osmar Legal.
En el documento se puede leer que la jueza estableció una contracautela, consistente en la fianza persona de la abogada Mabel Ramona González Gamarra hasta cubrir la suma de G. 200.000.000, bajo apercibimiento de que en caso de ausencia de consentimiento se procederá al levantamiento inmediato de la medida cautelar.
