Hoy continuó el juicio oral y público al exintendente de San Antonio Isaac Mendoza por presunta lesión de confianza. El perito Gerardo Ruiz Díaz declaró que se encontraron pagos que fueron ejecutados por obras no construidas y mal realizadas.
El perito Gerardo Ruiz Díaz, ante las juezas de Delitos Económicos, Claudia Criscioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, que los pagos fueron ejecutados por obras no construidas y mal realizadas por lo que se tuvo que derogar al Fondos Públicos para completar y reparar las obras, lo cual incide en un perjuicio para el estado.
Afirmó que los formularios de comprobantes de pago que impuso la Municipalidad para poder presupuestar los ingresos que se realicen y justificar el egreso demuestran una codificación total del rubro, junto con facturas y comprobantes de pago desde el año 2012 al 2015, pero hasta la fecha que realizó el trabajo no se aportaron documentos respaldatorios de los cheques.
Gerardo Ruiz Díaz, designado por la resolución de la Fiscalía del General del Estado, solicitó al tribunal ampliar , debido a que pudo acceder a mucha información por el corto plazo de tiempo.
De acuerdo con los documentos de la carpeta fiscal, se realizaron pagos en concepto de aulas, certificados de obras y otros tipos de construcciones complementarias del 2012 al 2014.
Así mismo, la administración de los fondos del FONACIDE no encontró un indicador de revisión de gestión, el cual debe medir el grado de satisfacción de bienes y servicios para saber si se cumplió con el grado de calidad y eficiencia, aspectos que “deberían ser analizados y son importantes para ampliar la revisión”.
También se hizo presente la perito del Laboratorio Forense, Carolina Rejala, quien refirió en su declaración que trabajó con copias simples de Contraloría y del Ministerio de Hacienda y expresó que “ una pericia no se puede hacer con esa documentación” por el cual solicitó documentación que en su momento no poseía, por ende no pudo determinar si hubo algún tipo de daño.
Mendoza Ramos está acusado por supuesta lesión de confianza por el mal uso de los recursos del FONACIDE. Se menciona unos G. 715 millones de perjuicio patrimonial, correspondiente periodo 2010-2015.
