27/05/2024

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Juicio determinará comiso de bienes del fallecido Carlos Rubén Sánchez Garcete 

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Este miércoles se resolvió la elevación a juicio oral la solicitud de comiso de bienes de Sánchez Garcete a fin de que pasen a dominio del Estado en caso de comprobarse que los mismos fueron adquiridos con recursos ilegítimos.

La audiencia fue realizada ante el juez de Delitos Económicos José Agusín Delmás con presencia del fiscal Luis Piñánez en representación del Ministerio Público y el abog. Eduardo Velázquez, defensor público.

Durante esta diligencia se presentó un poder general y declaratoria de herederos promovida por los hijos de Sánchez Garcete con la documentación correspondiente, los mismos solicitaron de igual manera la posibilidad de litigar en otro acto procesal, explicó Delmás al Observador.

A su turno, el fiscal Piñánez hizo un balance de los bienes entre los que figuran fincas, animales, rodados, entre otras pertenencias, refirió además que el proceso por lavado de dinero abierto al fallecido guarda relación con la obtención de unos 620.000 Reales que provendrían de actividades ilícitas.

El Ministerio Público sostiene que por medio de dos empresas agroganaderas de los hermanos Sánchez Garcete se montó un presunto esquema de compras con dinero proveniente del tráfico de drogas.

El defensor público Eduardo Velázquez refirió que se enfocará en la correcta aplicación de las leyes en el proceso, recordó que desde abril de este año estos bienes están bajo una medida cautelar de no innovar a efectos de salvaguardar los mismos.

Agregó que el Ministerio Público deberá demostrar si las propiedades efectivamente tienen origen en actos antijurídicos o en caso contrario disponer el levantamiento de la medida cautelar.

Carlos Rubén Sánchez Garcete fue asesinado en agosto de 2021 en Pedro Juan Caballero, según la investigación unas 10 personas irrumpieron en la residencia del político colorado y lo acribillaron.  

El mismo logró sobrevivir a un ataque en el año 2019 en la localidad de Capitán Bado, también en el departamento de Alto Amambay.

Ambos episodios llevaron el sello del crimen organizado que permea en esta frontera con el Brasil desde hace décadas.

 

 

 

 

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